Morales en El Espectador y Martínez en el diario caleño se ocupan este viernes del tema que mantiene en estupefacción a Colombia desde cuando el senador Roy Barreras denunció en el Senado, en la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero, que ocho niños habían muerto el pasado 29 de agosto durante el bombardeo en que fue abatido el cabecilla disidente alias ‘Gildardo Cucho’, y que Botero le ocultó ese hecho al país.
Por esa denuncia, el país, que se polariza con mucha frecuencia, volvió a partir aguas: por un lado, los que defienden al Gobierno, a Botero y el operativo; y, por el otro, quienes tachan la decisión de atacar el campamento sin considerar que allí había menores de edad.
Entre los primeros está Martínez, que expone ahora la tesis de que una cosa son los menores de edad y otra los niños, y lo explica así en su columna: “No todo el que no ha cumplido la mayoría de edad puede considerarse niño. Para efectos legales, cualquier persona que tenga 17 años, 11 meses y 29 días de nacido es menor. Y a partir del día siguiente, cuando cumple los 18 años ya pasa a ser mayor de edad. Pero por supuesto, cumplir esa edad no genera ningún cambio en la persona”.
Con base en ese razonamiento, plantea, entonces, que “lo que importa es que un ser humano a los 16 y 17 años es perfectamente consciente de sus actos y responsable por los mismos”. Así, en las cuentas de Martínez, “varios de los combatientes dados de baja ese día estaban en ese rango de edad, con lo cual no se pueden considerar niños”.
Esta primera batería de argumentos de Martínez remite necesariamente a lo que considera la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de la adolescencia, etapa de la vida en la que se encontraban los jóvenes muertos en el bombardeo.
Al caracterizar a ese segmento de la población, el organismo se refiere a la salud y al comportamiento sexual de los adolescentes, pero sus conceptos se proyectan a otras dimensiones de la personalidad de los jóvenes: “Los adolescentes son diferentes de los niños pequeños y también de los adultos. Más en concreto, un adolescente no es plenamente capaz de comprender conceptos complejos, ni de entender la relación entre una conducta y sus consecuencias, ni tampoco de percibir el grado de control que tiene o puede tener respecto de la toma de decisiones”, explica la OMS en su página.
El columnista también asegura que, en todo caso, “la edad de los insurgentes, por supuesto, era desconocida por los militares, porque cuando se ataca un objetivo militar no se indaga por el sexo, la edad, ni el estado civil del enemigo”, una afirmación que, curiosamente, es contraria a la consideración de los propios militares, expuesta por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en Caracol Radio, según la cual, si hubieran sabido que en el campamento había menores de edad, no habrían bombardeado.
“En este caso que no se tenía el conocimiento y se tomaron esas decisiones, seguramente no se hubiera tomado esa decisión porque no podemos agredir menores de edad”, dijo el general Martínez en la emisora.
Si bien uno de los más grandes interrogantes que hay en torno al caso es en qué condición estaban los menores (eso es clave a la luz del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario), el columnista de El País hace una afirmación que anticipa la conclusión técnica y judicial que deben dar las autoridades: “Esos muchachos se encontraban en un campamento guerrillero y por tanto eran un objetivo militar legítimo, a la luz del derecho internacional humanitario. Y no solo eso, estaban armados hasta los dientes”.
Y más adelante insiste: “Lo que debe quedar claro con este episodio es que no hubo ningún asesinato de niños”.
En la otra orilla de la opinión está Claudia Morales, que dedicó el espacio de su columna en El Espectador a la memoria del reinsertado Dimar Torres, asesinado por un suboficial por orden de un coronel, y a las familias de los niños muertos en el bombardeo del Caquetá, a quienes ella sí considera —a diferencia de su colega de El País— “asesinados” en esa operación.
Y opone a los argumentos del periodista Martínez unos con peso jurídico específico: “El Estado tiene la obligación de proteger a los niños contra el reclutamiento, y el derecho internacional humanitario y nuestra legislación reconocen a cada menor que ha sido vinculado a un grupo armado ilegal como una víctima”.
“¿Qué parte de eso es tan difícil de entender como para que el exministro, la vicepresidenta y los miembros del Centro Democrático sigan dando declaraciones escandalosas que solo justifican los crímenes de Estado?”, se pregunta Morales. “En vez de hacer virales los inútiles hashtags, tendríamos que preguntarnos cómo es que hemos normalizado que uniformados legales sean asesinos, y cómo es que seguimos fallándole a la niñez, pero no a la que viven los hijos de los políticos que se relamen con la muerte, sino la de los campesinos e indígenas marginados que son los que al final hacen la guerra”.
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