La Procuraduría General de la Nación destapó un nuevo entramado de corrupción que involucraría a cientos de profesores de colegios públicos de Bogotá que han enseñado por años sin contar con educación superior y con títulos falsos.
Se ha confirmado que, por el momento, hay 40 investigaciones abiertas a docentes que habrían logrado ascensos y aumentos de salarios presentando documentación falsa, lo que denotaría en una crisis dentro de la Secretaría de Educación de Bogotá.
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La entidad pública desde hace algunos meses tenía sospechas sobre la problemática al descubrir algunas irregularidades al momento de verificar la autenticidad de los diplomas, según lo que llegó a conocer Semana. Incluso, se encontraron casos de docentes que se pensionaron sin que llegaran a ser descubiertos por cometer esta infracción.
Lo que descubrió la procuradora primera distrital de Bogotá, Helga Lidby Díaz, fueron errores que a simple vista se podían notar como fallas en la tipografía, y además, las universidades que fueron consultadas confirmaron que dichos docentes no hacían parte de su repositorio de egresados.
Otro punto delicado dentro de este nuevo caso de corrupción es que desde la entidad de control se conocieron situaciones en las que personas acudían a un falsificador y pagaban 100.000 pesos para obtener un diploma de pregrado falso. Se cree que son más de 400 personas las que han acudido a este medio.
Uno de los casos que dio a conocer el medio mencionado fue el de un profesor de educación física que decía haberse graduado de la Universidad Industrial de Santander UIS, pero a la hora de hacer la verificación, la institución no encontró su nombre dentro de sus bases de datos.
El hombre confesó ante la Procuraduría lo que había hecho y pidió perdón por la falla cometida: “el hecho de no tener una estabilidad económica, un trabajo y una afiliación a salud me llevaron a un estado de estrés, desesperación e impotencia y, por ende, a cometer este tipo de falta”, dio a conocer Semana.
La entidad de control público aseveró que este tipo de fallas disciplinarias son faltas gravísimas que podrían resultar en la destitución del cargo y hasta 20 años de inhabilidad, además de la apertura de un proceso penal ante la Fiscalía.
Desde la Secretaría de Educación Distrital se ha dicho que se han sancionado a 126 personas por medio del control disciplinario interno que manejan y que se estarán tomando las respectivas medidas para dar con todos los que están detrás de este entramado de corrupción.
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Una de las mayores preocupaciones que surge con este caso es el hueco presupuestal que deja el pago del salario que se le hicieron a estas personas y que todavía no se sabe si será repuesto, y cuándo lo harán. La Alcaldía de Bogotá dijo que en cuanto culminen las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales se hará el recobró de estos dineros, señaló el medio citado.
Secretaría de Educación de Bogotá se pronuncia sobre irregularidades con docentes
La oficina de prensa de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (SED), emitió un comunicado en el que se pronunciaron acerca del presunto cartel de profesores.
Aseguran que desde la entidad “se detectó y denunció, de manera diligente y oportuna, los casos de presunta falsificación de diplomas, poniendo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación cada situación, para que desde sus competencias, procediera con el inicio de las investigaciones penales correspondientes”.
Además, anunciaron que se destinó un presupuesto para crear dos equipos de trabajo que se tienen como objetivo la verificación de cada título aportado por los docentes. Indicaron, de igual manera, que la información recogida de los registros es un acumulado de casos desde 2005: de 415 en total, aseguraron que 376 ya fueron culminados.
“Cada una de estas presuntas falsedades detectadas han sido tramitadas de manera inmediata así: 1. A Control Interno Disciplinario, que ha abierto las investigaciones disciplinarias respectivas y que están en curso y 2. A la Fiscalía General de la Nación, entidad con competencia penal frente a la conducta dolosa”, dice el comunicado.
Concluyeron afirmando que el hecho de que algunos profesores estuviesen involucrados en los hechos que se han expuesto a la opinión pública, “no supone ni concluye de ninguna manera la creación de un ‘cartel de profesores'”.
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