Según el artículo de AP, titulado “Nueva evidencia vincula al jefe del ejército colombiano con los asesinatos de civiles”, en el que se publican los documentos que obtuvo, algunas de las recompensas fueron para “supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían”.

“En dos casos, los investigadores judiciales encontraron que el verdadero beneficiario era el soldado Óscar Alfonso, quien sería condenado a 40 años por su papel en un tercer asesinato civil no relacionado. Un destinatario oculto fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión”, se lee en el artículo.

AP agrega que en los documentos también se encuentran inconsistencias en las fechas en las que se dicen se hicieron los supuestos combates y en la que se hizo el pago al informante “no identificado”.

“Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante no identificado y que lleva la firma de Martínez Espinel. El pago se refiere al combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo, tres días después, en el que se informó que un hombre no identificado murió con una granada y una pistola”, dice la agencia de noticias.

En el artículo se mencionan las críticas que presentó Human Rights Watch (HRW) cuando el presidente Iván Duque nombró al general Nicacio Martínez como comandante del Ejército, pese a que era “creíble” que estaba “implicado en falsos positivos”.

General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército e Iván Duque

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“Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, dijo en su momento HRW.

De igual manera, la agencia de noticias menciona el artículo de The New York Times que alerta sobre la posibilidad de que regresen los ‘falsos positivos’.

Soldado en formación

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“El New York Times informó recientemente que Martínez Espinel ordenó a las tropas duplicar el número de guerrilleros y delincuentes de izquierda que matan, capturan u obligan a rendirse en combate. Las nuevas directrices, hechas por escrito al inicio de la gestión de Martínez Espinel como jefe del ejército en enero, suscitaron preocupaciones entre los oficiales anónimos citados por el ‘Times’ sobre el mayor riesgo de causalidades civiles”, dice en el artículo.

Entretanto, el Gobierno colombiano ha rechazado los señalamientos hechos desde la prensa extranjera. No obstante, estaría buscando qué oficiales fueron los que se entrevistaron con The New York Times.

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Mientras tanto, el presidente Duque anunció la creación de una comisión para vigilar operaciones militares, para que analice si los procedimientos de los uniformados están respetando los derechos humanos.

“He decido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales en materia de derechos humanos y en materia del Derecho Internacional Humanitario”, afirmó el jefe de Estado en una declaración pública.