La Contraloría General de la República ha detectado que más de 240.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las poblaciones más vulnerables del país no están recibiendo alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en lo que va del Calendario Académico de la vigencia 2023.

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Las entidades territoriales certificadas (ETC) de Yopal y Buenaventura, luego de 3 meses de calendario escolar, no han iniciado con la entrega de alimentación escolar afectando a 60.648 niños, teniendo recursos asignados por más de $ 18.000 millones según la Resolución No. 359 de diciembre 7 de 2022.

La ETC de Yopal inició el calendario escolar el pasado 23 de enero y aún no ha prestado el servicio de alimentación escolar, lo que ha afectado a 15.648 estudiantes.

En el caso de la ETC de Buenaventura, alrededor de 45.000 estudiantes, principalmente afrocolombianos (70 %) de esta entidad territorial, siguen sin recibir la primera ración en lo que va del año, afectando también a la población indígena de dicho territorio, ya que son más de 900 estudiantes que aún no reciben alimentación escolar.

La ETC de Magdalena, que inició atención con el contrato de la vigencia 2022, presenta suspensión en el servicio desde el 21 de marzo de 2023, afectando a 138.621 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento.

Además, cinco ETC (Antioquia, Boyacá, Córdoba, La Guajira y Vaupés) no están entregando en su totalidad el PAE, y seis ETC (Chocó, Córdoba, Neiva, Girón, Sincelejo y Vichada) tienen alerta de suspensión al finalizar el mes de abril.

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La Contraloría anunció que realizará un seguimiento especial a las ETC que tienen riesgo de suspensión durante este mes de abril debido a que los procesos contractuales próximamente culminarán y aún no han adjudicado nuevo contrato que permita garantizar la continuidad del servicio.

El organismo de control hizo un llamado a las 97 ETC para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como es debido, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que reciban su alimentación los más de 6 millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2023. 

La alimentación escolar busca contribuir con la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo oficial, por lo que su correcta ejecución se convierte en una prioridad del Control Fiscal con sus competencias preventivas y concomitantes.

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