Con el apoyo de la Unión Europea y la ONG Oxfam, la OPROB presentó la cifra en un informe en el que habla del reclutamiento forzado como una “práctica generalizada y sistemática” que se adapta a las nuevas dinámicas del conflicto en el país durante los últimos 35 años.
Tras la firma de la paz con las Farc, en noviembre de 2016, “la dinámica de confrontación y violencia se ha mantenido por la presencia, accionar y reconfiguración de otras estructuras armadas”, lo que afecta en particular a la infancia, señala el estudio “Reclutamiento y violencia sexual, principales riesgos para niñas, niños y adolescentes en zonas de conflicto en Colombia”.
El estudio detalla que en los tres últimos años los grandes responsables del reclutamiento forzado de menores fueron el Eln, el Epl, las disidencias de las Farc y bandas herederas de los paramilitares. “Las amenazas, las falsas promesas de mejores condiciones de subsistencia, la irrupción en escuelas y la ausencia o débil presencia del Gobierno ha hecho que miles de niñas, niños y adolescentes pasen a ser parte de las filas de dichos grupos armados”, alerta el documento.
El OPROB monitoreó durante tres años los riesgos de reclutamiento o violencia para la infancia en regiones de conflicto como la zona del Catatumbo, los departamentos de Meta y Guaviare y las ciudades de Buenaventura, Pasto y Tumaco. Su conclusión fue que “en Colombia el reclutamiento y la utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sigue siendo una práctica generalizada y sistemática que se adapta con las nuevas demandas del conflicto armado”.
Entre 2017 y 2019, el OPROB registró reclutamiento de menores en cinco departamentos y estableció que los municipios donde hay mayor riesgo son Buenaventura, Tibú, El Tarra, la Gabarra, y Tumaco.
El estudio precisa, citando datos de la ONU, que en esas áreas el principal reclutador es el Eln, seguido de las disidencias de las Farc y la banda criminal Clan del Golfo, grupos que intentan llenar el espacio que dejó esa guerrilla tras firmar el acuerdo de paz.
El observatorio detectó además que un “alto número de niños y adolescentes venezolanos se encuentran en zonas de cultivos ilícitos y se están vinculando a las dinámicas propias de la producción de la hoja de coca o en actividades irregulares” en zonas fronterizas.
El OPROB también analizó, entre 2017 y 2019, casos de violencia sexual contra menores en los cinco departamentos, pero alertó que existe un subregistro muy alto de la situación. Dentro de este tipo violencia, el informe denuncia un aumento de las amenazas contra las mujeres y niñas que sostienen relaciones sentimentales con miembros de grupos armados ilegales y un alza de la cifra de niñas venezolanas que son víctimas de explotación sexual en lugares públicos.
La población “no se atreve a denunciar los casos de violencia sexual por la presencia y las amenazas de los actores armados, la falta de una acción efectiva de las autoridades judiciales contra los responsables y la falta de confianza en las instituciones públicas”, expresó Sandra Patricia Mojica, gerente del Programa de Derecho a Justicia de Oxfam en Colombia.
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