La noche del 5 de marzo de 2020, el colombiano Jeffersson Arango Castellanos y varios cómplices atacaron, incapacitaron y secuestraron a dos soldados estadounidenses en Bogotá, que habían ido a un sector de entretenimiento a ver un partido de fútbol.
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A los militares estadounidenses, Arango Castellanos y un cómplice les pusieron drogas en las bebidas, incluso benzodiazepinas, informó del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado, y agregó que los colombianos llevaron a sus víctimas hasta un carro conducido por otro implicado en el caso.
Los secuestraron y se apoderaron de sus billeteras, tarjetas de débito y de crédito, y los teléfonos celulares.
Después, Arango Castellanos y sus cómplices utilizaron la tarjeta de crédito de una de sus víctimas y la tarjeta de débito de la otra para hacer compras y retirar dinero. Las dos víctimas perdieron el conocimiento hasta el día siguiente, momento en el que ya habían sido separadas, agrega el despacho oficial.
Estados unidos solicitó la extradición de Arango Castellanos y Colombia se lo envió en mayo del año pasado. El 26 de enero pasado, el colombiano se declaró culpable de secuestro de una persona protegida internacionalmente, concierto para secuestrar a una persona protegida internacionalmente, agredir a una persona protegida internacionalmente y concierto para agredir a una persona protegida internacionalmente.
El anuncio lo hicieron la fiscal general principal adjunta, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida; y el agente especial a cargo Jeffrey B. Veltri de la oficina local del FBI en Miami.
La rapidez en la captura y extradición de Arango Castellanos se debió a la asistencia significativa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Agregaduría Judicial de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas en Bogotá y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.
Estados Unidos también agradeció a las autoridades colombianas del orden público “por su valiosa asistencia”, agregó el comunicado.
El caso lo procesaron los abogados litigantes Clayton O’Connor y Elizabeth Nielsen de la Sección de Enjuiciamientos Especiales y Derechos Humanos de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Bertila L. Fernández para el Distrito Sur de Florida.
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