Por eso, el Legislativo aprobó un acuerdo que insta al Ministerio Público y a la Contraloría a iniciar “averiguaciones pertinentes a fin de determinar (…) si existe mérito” para abrir un juicio penal en Venezuela contra posibles involucrados, así como procedimientos de responsabilidad administrativa, disciplinaria y civil.

El texto también exhortó al presidente Nicolás Maduro y demás funcionarios públicos a “facilitar” las pesquisas, “absteniéndose de incurrir en conductas de abuso de poder, tráfico de influencias y corrupción para encubrir” posibles responsabilidades.

Los asambleístas exigieron igualmente al mandatario “informar de manera veraz” detalles vinculados con Campos Flores y Flores de Freitas.

Maduro no se ha pronunciado sobre la declaración de culpabilidad de los dos hombres por conspiración para transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y manufacturar y distribuir droga en ese país.

La justicia norteamericana fijó como fecha tentativa de la sentencia el próximo 7 de marzo, con penas que oscilan entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. El fallo podrá ser apelado.

Según adelantó el Parlamento, el acuerdo aprobado será remitido a las Naciones Unidas y a la fiscalía del distrito sur de Nueva York, que lleva el caso.

El documento fue rechazado por la bancada oficialista. El diputado Pedro Carreño, asambleísta del partido de gobierno, calificó el caso como “un montaje” de la oficina antidrogas estadounidense (DEA).

La oposición subrayó que autoridades internacionales advierten que “Venezuela se ha convertido en un punto de partida para el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos”.

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