El próximo viernes 19 de septiembre se llevará a cabo una audiencia clave dentro del proceso judicial que enfrenta Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia‘, por su responsabilidad en los actos vandálicos cometidos en la estación Molinos de TransMilenio durante las protestas del 22 de noviembre de 2019.
En la diligencia, una jueza de conocimiento de Bogotá deberá ser notificada sobre la existencia o no de un acuerdo de conciliación entre la ‘influencer‘, Recaudo Bogotá, TransMilenio, el Distrito y la compañía Chubb Seguros, con relación a los daños materiales causados a la infraestructura del sistema de transporte.
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El pasado 29 de mayo, se conoció que Recaudo Bogotá ya recibió una parte del dinero exigido a Barrera Rojas por la destrucción de elementos como puertas de vidrio, cajeros automáticos de recarga, registradoras de acceso y validadores electrónicos. Ahora, su defensa avanza en un plan de pago con TransMilenio, que exige una indemnización de 360 millones de pesos.
Según fuentes cercanas al proceso, la empresaria ya ofreció 100 millones de pesos iniciales y está buscando un acuerdo para cubrir el saldo restante en un plazo razonable. La respuesta oficial de TransMilenio se espera en los próximos días.
Además del compromiso económico, la defensa legal presentará ante el juzgado una propuesta de justicia restaurativa, en la que Barrera se compromete a ofrecer disculpas públicas y está dispuesta a realizar trabajo comunitario o social. Incluso ha manifestado su interés en colaborar directamente con TransMilenio.
“El objetivo no es solo reparar económicamente, sino contribuir desde la experiencia con campañas pedagógicas. ‘Epa Colombia’ podría trabajar como agente de movilidad, cajera o creadora de contenidos enfocados en la prevención del vandalismo”, explicó su abogado, Francisco Bernate.
Desde el 27 de enero de este año, Barrera cumple una condena de cinco años y dos meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara el fallo en su contra por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público e instigación a delinquir con fines terroristas.
En la sentencia, el alto tribunal advirtió que ‘Epa Colombia’, al tener una amplia influencia en redes sociales, usó ese poder para difundir un video en el que promovía la destrucción de infraestructura pública como forma de protesta.
“La difusión masiva de esos mensajes incitadores a la violencia tuvo la capacidad de generar miedo y zozobra, elementos asociados a fines terroristas”, señaló la Corte en su decisión.
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Como parte de la sanción, además de la pena privativa de la libertad, se impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas y para operar como ‘influencer’ o youtuber, figura que ha sido central en su carrera mediática.
La audiencia de septiembre será determinante para definir si hay espacio para un proceso de reconciliación judicial que permita reparar el daño causado, mientras ‘Epa Colombia’ continúa pagando su condena.
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