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La salida de Aldo Cadena, gran amigo del presidente Gustavo Petro, de la presidencia de la Nueva EPS ha pasado de bajo perfil. Cadena fue puesto allí por Petro luego de una intensa presión del Gobierno a las cajas de compensación para que permitieran nombrarlo y por eso resulta extraño su apresurado retiro del cargo. Y fuentes del sector consideran que algo tiene que ver el manejo que Cadena le estaba dando a la EPS.
El Colombiano conoció que la situación de las deudas de la Nueva EPS con por lo menos dos grandes grupos de clínicas y hospitales podría ser dramático y podría llegar a generar problemas en la atención de salud de un número significativo de sus afiliados en los próximos días.
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Aunque la Superintendencia de Salud intervino la entidad promotora de salud que maneja un presupuesto de unos $ 17 billones de pesos al año, las deudas represadas desde enero serían superiores al billón de pesos, con facturas con más de 100 y 200 días de vencidas. Para el caso de uno de los grupos son alrededor de $ 430.000 millones de mora en cartera.
De acuerdo con dos fuentes que conocen el detalle de la historia, las facturas dejaron de pagarse desde que Aldo Cadena llegó al cargo, en el que estuvo menos de cuatro meses porque sorpresivamente la Supersalud tomó la decisión, sin avisarle, de la intervención a la aseguradora.
Aunque ya venían deudas acumuladas de meses atrás, las facturas no pagadas desde que Cadena se posesionó en enero crecieron de manera exponencial. Entre los dos grandes grupos de clínicas y hospitales y empresas de farmacéutica que tienen centros intermedios de atención primaria y clínicas de alta complejidad en ciudades capitales, se habla de más de 3 millones de afiliados cuyos servicios primarios de diagnóstico y citas generales estarían en riesgo.
Uno de esos grupos es Audifarma, que está peleando deudas con Nueva EPS por alrededor de $600.000 millones, aunque Cadena dijo en una reunión con los actores del sistema que su contabilidad solo arrojaba $ 300.000 millones pendientes.
Esto es importante porque podría ser un factor decisivo a la hora de que los grupos de clínicas y hospitales que están al límite por la cartera, especialmente de la Nueva EPS, decidan cerrar servicios y no recibir a los pacientes que se acerquen hacia sus centros en las próximas semanas.
Esto generaría una verdadera crisis en el sector salud, a la que todavía no se sabe cómo respondería el Gobierno, que ya inició a expedir los decretos modificando el sistema. Estos hablan de asumir la rectoría de las redes de atención; es decir que el Ministerio decida con qué redes deben contratar las EPS, el giro directo, y un tarifario único para que no haya sobrecostos en los servicios.
La situación es tan difícil que esta misma semana los inversionistas dueños de los grupos están tomando en consideración las posibilidades porque las deudas son muy grandes.
¿Qué pasó con Aldo Cadena?
Otra de las preguntas que todavía no ha sido resuelta es por qué Aldo Cadena salió de la Nueva EPS y, por qué el Gobierno no lo delegó interventor si es una persona de toda la confianza del presidente Gustavo Petro.
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Cadena solo estuvo al frente de la EPS cuatro meses y en ese tiempo dijo que era cierto que la Unidad de Pago por Capitación debía aumentar. El Gobierno la subió el último año al nivel de la inflación, es decir al 12 %, mientras que las EPS insistieron que por el aumento de la frecuencia de usos y los precios de los servicios, esta debió haber aumentado al 16 % o 17 %.
Lo cierto es que si esto ocurre las atenciones primarias, por lo menos 3 millones de personas estarían en riesgo y el Gobierno aún está por definir una solicitud voluntaria de liquidación de Compensar con otros 2,5 millones de afiliados que tendrían que ser movidos en todo el país a otros prestadores, con lo que eso significa en términos de manejo de datos de los pacientes, la garantía del derecho a la libre escogencia, y la ubicación de centros hospitalarios y redes que puedan atenderlos efectivamente.
Lo anterior, entendiendo las características de la población, su historia médica y las enfermedades crónicas de quienes las padezcan para continuar los tratamientos.
Aunque a muchos en el sector salud les sorprendió la salida de Cadena, el superintendente Luis Carlos Leal contestó en entrevista con este diario que no tenía información sobre irregularidades en su administración y así lo señalaron también fuentes consultadas de Presidencia.
“Vigilamos sin raseros. No decimos: ‘vamos a vigilar mejor al privado que al público’. Aplicamos la ley y protegemos a las personas. Quien tenga el control no nos importa. Igual va a ser con los interventores. Los que no funcionen se van y vamos a estar encima de ellos para garantizar que efectivamente esa administración de los recursos vaya en pro de la gente. Como entes de control nos tienen sin cuidado el cambio administrativo porque las medidas de intervención también remueven la junta directiva y la junta de accionistas que tienen una parte importante a la hora de generar burocracias administrativas. No tiene nada que ver con que haya habido un cambio o no de directivos. Los indicadores financieros y de PQRs de la Nueva EPS tampoco estaban bien y tenemos que actuar”, explicó Leal.
Luego, contestó que las cifras de reclamaciones de Nueva EPS venían siendo negativas de tiempo atrás. “No estoy diciendo que la culpa sea del doctor Cadena. La Nueva EPS llevaba con indicadores horribles desde hace mucho tiempo. No es una novedad con la llegada del doctor Cadena. Al contrario, ese fue el último pedacito y no creo que haya tenido alguna incidencia en cambiar las cifras porque llevaba muy poco en el cargo. Nadie le está echando la culpa a él. Estamos tomando una decisión sin raseros. Yo no puedo ver si lleva un mes en el cargo, si fue culpa suya o no fue culpa suya; lo que debemos hacer es proteger a las personas. No dudo de las capacidades de Cadena, pero si en algún momento no funcionan, por ejemplo, los actores interventores, se van”, agregó.
El otro enorme boquete que abriría una crisis precipitada en el sistema de salud tendría que ver con los empleos de la atención primaria en las clínicas y hospitales que no podrían pagar los salarios por las deudas sumadas.
Justamente, este lunes se conoció otro informe del contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, que concluye, aunque sin la verificación de las cifras de las aseguradoras, que supuestamente se habrían desviado $ 9 billones entregados a estas compañías para la administración de salud que pudieron terminar en otros objetos.
El ente de control ya había publicado un informe que hablaba de deudas de 25 EPS por $ 26 billones, cuyas cifras tampoco fueron suficientemente aclaradas y, por el contrario, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral negó los resultados.
A su vez, la Fiscalía General, ya al mando de la fiscal Luz Adriana Camargo, anunció una investigación por corrupción en los recursos públicos del sistema.
Lo cierto es que las decisiones del Gobierno ya están teniendo repercusiones porque los inversionistas extranjeros que capitalizan en el sector están viendo con más distancia y resquemor lo que pasa en Colombia. Y si los grupos a cargo de redes de hospitales empiezan a cerrar servicios por falta de pagos, las personas sufrirían en la práctica la primera gran consecuencia de las decisiones del mandatario.
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