El proyecto que el mandatario anunció a comienzos de febrero ya es una realidad, está listo para entrar en vigencia y dar protección a los extranjeros que hayan entrado al país hasta el 31 de enero de 2021.

Durante la firma del documento, Duque expresó varios de los argumentos que lo llevaron a lanzar el salvavidas para regularizar a los migrantes y entre las situaciones que más destacó es la difícil realidad socioeconómica:

“Vemos un país vecino donde la inflación el año pasado llegó a más del 3.000 %, donde el 90 % de la población está en situación de pobreza, donde más del 75 % de los hogares tiene carencias nutricionales básicas y donde el salario mínimo llega a escasos 30.000 pesos colombianos”.

El jefe de Estado atribuyó esos escenarios al “aniquilamiento de la iniciativa privada, de la independencia de poderes y la destrucción del capital humano”. Todo ello, dijo, ha hecho que más de 6 millones de venezolanos hayan salido de su país buscando tener una calidad de vida y que cerca de 1,8 millones lo esté haciendo en territorio colombiano.

De ese número hay cerca de 900.000 migrantes indocumentados y es a ellos principalmente a los que apunta el estatuto, pues “no sabemos quiénes son, dónde están, cómo se llaman, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, o sus vulnerabilidades en materia de salud”.

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Esta fue la declaración de Duque en el evento:

El Estatuto, cuya creación fue anunciada el mes pasado, incluirá un “registro único del migrante” para que los venezolanos que se acojan a él tengan acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano, lo que debe incluir las vacunas contra la COVID-19.

Como han precisado las autoridades colombianas, la figura contempla un período de protección de diez años, tras el cual los migrantes deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país.

Mientras tanto, y casi al tiempo, en Venezuela se hacía un anuncio que no brinda ningún alivio a los ciudadanos que se mantienen en su país.

Tarifas de servicios públicos en Venezuela

Nicolás Maduro ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de “sincerar” las tarifas de los servicios públicos, al considerar que los ciudadanos están dispuestos a pagar por la mejora del suministro eléctrico o la velocidad de internet.

“El pueblo quiere que mejoren los servicios públicos y está dispuesto a cancelar por ellos (…) Hay que cobrar precios justos en los servicios públicos para mejorarlos. Cada gobernador y alcalde necesita recursos para mejorar su entidad y municipio”, dijo el mandatario en febrero.

Justamente, este primero de marzo el Metro de Caracas, sistema de transporte subterráneo, comenzó a cobrar 0,01 centavos de dólar por cada viaje a bordo de sus trenes, como parte del plan gubernamental que contempla una progresiva alza de las tarifas de servicios públicos de Venezuela, algunos de los cuales son gratuitos desde hace años.

Maduro anunció que las nuevas tarifas en el Metro de Caracas serán una prueba para un posterior aumento en el sistema de transporte superficial, también con cobro electrónico.

“Todos, todos, todos a pagar los servicios públicos (…) las tarifas en Venezuela son absolutamente solidarias”, insistió.

Aunque las facturas estatales por electricidad, gas doméstico, internet y agua potable son menores a 10 dólares mensuales, al menos en el caso del uso residencial, estos servicios presentan fallos a diario que han provocado numerosas protestas callejeras en todo el país.

Los proveedores privados de telefonía, internet y aseo urbano empezaron a subir casi mensualmente sus tarifas, mientras que, según estimaciones, cerca del 80 % de la población se mantiene en pobreza extrema con menos de 10 dólares al mes.