El presidente de Colpensiones detalló que no todo debe estar completamente listo para esa fecha de julio, ya que la reforma se hace de manera progresiva en el tiempo.
“Entiendo la preocupación de la gente, pero en muchos casos se debe a desinformación, ignorancia o intereses políticos mezquinos. Esta reforma está proyectada hasta el año 2070, tenemos tiempo para ajustarnos”, apuntó en Blu Radio.
(Vea también: Colpensiones dio buena noticia a 12.000 colombianos: les entregará $ 1,4 millones (o más)).
En sus declaraciones, aseguró que la implementación será gradual y que la entidad estatal asumirá un papel protagónico en el esquema reformado, en el cual todos los colombianos con ingresos inferiores a 3,4 millones de pesos mensuales y que no estén dentro del régimen de transición deberán trasladar sus ahorros a Colpensiones.
Esta institución se convertirá en el punto de contacto directo con cerca de 18 millones de afiliados, centralizando la administración del sistema pensional.
Dussán recalcó que la reforma tiene una proyección hasta el año 2070, lo que permitirá una implementación por fases, comenzando con una planta provisional de personal que se transformará en una estructura más estable con el tiempo.
Uno de los desafíos más importantes es la modernización tecnológica, por lo cual Colpensiones abrirá licitaciones públicas en las próximas semanas para adecuar su software y mejorar la atención a los usuarios. Aseguró que cuentan con recursos presupuestales suficientes para estos ajustes.
Qué hacen fondos privados ante la reforma pensional
En paralelo, las administradoras privadas también están haciendo esfuerzos para adaptarse. Porvenir, por ejemplo, ha invertido ya cerca de 10 millones de dólares.
Sin embargo, desde sectores como el Banco de la República y Asofondos se han emitido advertencias sobre la falta de reglamentación clara por parte del Gobierno, lo que genera incertidumbre jurídica y operativa.
Además, la reforma aún enfrenta un escenario incierto ante la Corte Constitucional, donde se estudian unas 40 demandas que cuestionan distintos aspectos del nuevo modelo pensional.
Qué dice la nueva reforma pensional en Colombia
La reforma pensional en Colombia, aprobada recientemente y con entrada en vigencia programada para el 1 de julio de 2025, establece un nuevo modelo de administración de pensiones que busca garantizar mayor cobertura y sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Uno de los cambios más significativos es la implementación de un esquema de pilares, en el que Colpensiones —la entidad estatal— asumirá un papel protagónico, especialmente para los trabajadores con ingresos bajos y medios. Bajo este nuevo modelo, todos los afiliados que ganen hasta 3,4 millones de pesos mensuales, equivalentes a tres salarios mínimos, deberán cotizar de manera obligatoria en el régimen público. Esto implica que sus ahorros se trasladarán automáticamente a Colpensiones, y la entidad será la encargada de gestionar esas cotizaciones, administrar los recursos y pagar las pensiones futuras. Solo quienes ganen más de ese monto podrán seguir cotizando en fondos privados, y solo por el excedente.
Este rediseño del sistema implica que Colpensiones se convertirá en el eje central de la administración pensional, teniendo contacto directo con la mayoría de los afiliados. Según el Gobierno, esta estructura permitirá distribuir de manera más equitativa los recursos y ampliar la cobertura, especialmente entre la población vulnerable que históricamente no ha alcanzado a pensionarse bajo el modelo anterior. La reforma también contempla un pilar solidario, financiado con recursos públicos, destinado a entregar un ingreso básico a adultos mayores sin pensión, como medida para combatir la pobreza en la vejez.
Aunque la intención de la reforma es ambiciosa y busca corregir fallas estructurales del sistema actual, su implementación enfrenta varios desafíos. Uno de los más importantes es la adecuación tecnológica y operativa de Colpensiones para asumir el nuevo volumen de afiliados. El presidente de la entidad, Jaime Dussán, ha señalado que se hará una implementación progresiva, comenzando con una planta provisional de personal y procesos de modernización tecnológica financiados con recursos ya disponibles. Además, el sistema aún enfrenta incertidumbre jurídica, ya que la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre varias demandas que cuestionan la constitucionalidad de algunos puntos clave de la reforma.
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