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Así aparece en uno de los informes sobre Hidroituango que Clara Luz Mejía, secretaria de gobierno de la Gobernación de Sergio Fajardo, le entregó a él.
El documento, revelado por Daniel Coronell en su columna de este domingo, tiene fecha del 7 de junio de 2013 y en él se le advierte a Sergio Fajardo, entonces gobernador de Antioquia, de problemas que tiene la obra de Hidroituango.
“El proyecto en su ejecución está atrasado: el contratista de túneles de desviación es un desastre, pero EPM [Empresas Públicas de Medellín] considera que es más grave declararle incumplimientos. Están buscando alternativas técnicas…”.
Ahí mismo, alertaron a Fajardo de actuaciones de EPM sobre la obra, que provocaron impactos ambientales que no estaban autorizados.
“Estamos ad portas de una sanción ambiental por unas actuación que hizo EPM sin que estuvieran en la licencia y luego las informaron. EMP dice que ellos lo podían hacer porque generaba menor impacto ambiental, pero ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] está molesta (creo que con razón) porque EPM se los saltó”, dice el siguiente documento, publicado por Coronell.
Pero eso no es todo, en otro informe de octubre del mismo año, al entonces gobernador le informan sobre los riesgos financieros que había si la desviación del río no se hacía en el primer trimestre del 2014, y sobre la preocupación de EPM por personas que estaban regresando a explotar el río.
Los documentos hacen parte de las pruebas que tiene la Contraloría, que le imputó cargos al también candidato presidencial por su responsabilidad fiscal en el detrimento de Hidroituango.
Aunque queda claro que a Fajardo le advirtieron sobre riesgos del proyecto de la hidroeléctrica, el exgobernador se ha defendido diciendo que EPM es el gran responsable del caos porque era el que gerenciaba el proyecto y tomaba decisiones técnicas y de construcción.
Además ha resaltado que a él lo están señalando de no hacerle seguimiento a los delegados que encargó para estar pendientes de Hidroituango.
Lo cierto es que a la Gobernación de Antioquia, entonces a cargo de Fajardo, le correspondió “la mayor parte de la ejecución del proyecto” y él era “el mayor propietario de la obra, con el 50,7 % de la inversión”, recordó Yohir Akerman.
Coronell agrega que no hay evidencia de alguna actuación del exgobernador, luego de recibir las advertencias y, precisamente eso lo tiene bajo la lupa de la Contraloría.
Este episodio, y sobre todo la respuesta que ha tenido Fajardo frente a la imputación de cargos, podría afectar seriamente su aspiración presidencial para el 2022, según analistas.
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