Mala noticia para quienes buscaban trabajar con el Estado: cifras muestran dura realidad
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El Gobierno Petro prometió crear 100.000 nuevos cargos públicos durante sus 4 años de mandato. Sin embargo, ese número está muy lejos de la realidad.
El Gobierno Nacional difícilmente cumplirá su promesa de crear 100.000 nuevos cargos públicos durante el cuatrienio para reemplazar los contratos de prestación de servicios, según cifras oficiales.
Hasta ahora solo se han creado 25.621 empleos, y aunque están en estudio 21.914 más en 40 entidades, ni sumándolos se alcanzaría la mitad de la meta, detalla Blu Radio.
(Vea también: Poderosa empresa anuncia despidos masivos y más de 9.000 empleados llevarán del bulto).
El cronograma de la Función Pública proyectaba que para el tercer año de gobierno, que termina en un mes, deberían existir ya cerca de 90.000 cargos, pero la realidad está muy lejos de ese objetivo.
La Función Pública reconoce avances como la disminución de la dependencia de la contratación por prestación de servicios y una mayor estabilidad laboral, aunque admite que persisten desafíos.
Entre las principales solicitudes de ampliación o formalización están más de 5.700 cargos para la Unidad Nacional de Protección, 3.610 para el ICBF y más de 2.000 para agencias relacionadas con tierras, añade ese medio.
No obstante, todas estas peticiones dependen del aval del Ministerio de Hacienda, que atraviesa un contexto complicado por la necesidad de controlar el déficit fiscal, estrategias de ahorro y la discusión de una nueva reforma tributaria.
Esto dificulta conseguir los recursos necesarios para financiar el crecimiento de las plantas de personal estatal, apunta esa emisora.
Por qué el Gobierno debe crear empleo en Colombia
Crear empleo desde el sector público es una estrategia que puede ayudar a dinamizar la economía colombiana y a enfrentar problemas estructurales de desigualdad y pobreza. En un país donde gran parte de la población depende del trabajo informal, la creación de nuevos cargos públicos representa la posibilidad de brindar mayor estabilidad laboral, mejores condiciones salariales y acceso a seguridad social para miles de familias.
Esto, a su vez, genera un efecto multiplicador en la economía, pues un trabajador con ingresos estables tiene más capacidad de consumo, lo que impulsa la demanda de bienes y servicios y fomenta el crecimiento de pequeños y medianos negocios locales.
Además, la creación de empleo estatal contribuye al fortalecimiento institucional, un aspecto clave en la construcción de confianza ciudadana y gobernabilidad. Colombia enfrenta enormes retos en sectores sensibles como la salud, la educación, la justicia y la protección de los derechos humanos, donde muchas entidades trabajan con plantas insuficientes y contratos temporales que afectan la continuidad y calidad del servicio.
Al formalizar más cargos, el gobierno no solo genera empleo directo, sino que también mejora la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población, ejecutar proyectos de desarrollo y llevar el Estado a regiones históricamente olvidadas.
Por otro lado, el empleo público puede ser una herramienta importante para reducir las brechas sociales y regionales. Gran parte de la pobreza en Colombia se concentra en zonas rurales y apartadas, donde el Estado tiene poca presencia efectiva.
Al priorizar la creación de cargos en entidades que trabajan directamente con comunidades vulnerables, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Restitución de Tierras o la Agencia Nacional de Tierras, se pueden generar oportunidades laborales en territorios donde más se necesitan, y al mismo tiempo avanzar en objetivos sociales y de equidad.
Finalmente, la creación de empleo estatal es fundamental para reducir la precarización laboral que supone la masiva contratación por prestación de servicios, una modalidad que ha crecido durante años para cubrir tareas permanentes. Esto ha provocado inestabilidad y desigualdad dentro del propio sector público, afectando tanto a trabajadores como a la calidad de los servicios prestados.
Transitar hacia plantas de personal más amplias y estables no solo es una deuda histórica, sino también una medida que refuerza el principio de que las funciones esenciales del Estado deben ser desarrolladas por servidores públicos con plenas garantías laborales, fortaleciendo así el tejido institucional y democrático del país.
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