Este debate no es nuevo, que apunta precisamente a aumentar el número de soldados profesionales y disminuir en mayor proporción o incluso reducir a cero el número de soldados reclutados para prestar servicio obligatorio. A pesar de haberse desmovilizado las Farc, no nos podemos dar el lujo como argumentan algunos de reducir el pie de fuerza y mucho menos suprimir el servicio obligatorio cuando hay disidencias de Farc ocupando terrenos y un proceso de reincorporación que pende de un hilo.

El argumento a favor de restringir el servicio militar obligatorio deja por sentado el hecho que con la desmovilización de las Farc vivimos en paz. Como he señalado en varias ocasiones, es falso ya que pretende establecer la dinámica del conflicto entre guerra o paz, sin tener en cuenta otros enemigos del orden público en el país.

De manera que la dinámica del conflicto colisiona con la pretensión moral de reducir la militarización de los jóvenes que expresamente no están interesados en servir al país en términos de defensa y seguridad, a pesar de ser un mandato constitucional.

Cabe destacar entonces que los intereses llamados a defender no son extranjeros sino propiamente internos con el fin de garantizar el monopolio de la fuerza, mantener el equilibrio regional y neutralizar las amenazas al orden democrático que nos interesa a todos. Sin dejar de lado, las múltiples excepciones legales que hay para no prestar el servicio militar. (Ciudadanos con limitaciones físicas, desmovilizados, hijos únicos, universitarios, objeción de conciencia).

La historia militar del país se ha cumplido con soldados regulares. De tal forma que ahora teniendo militares voluntarios es difícil determinar dentro de la lógica del conflicto armado una diferencia entre las misiones de uno y otro tipo de combatientes.

Por tanto, los desafíos de la fuerza pública desde hace cinco décadas han sido de naturaleza asimétrica y se han gestado en el escenario interno dentro de una guerra hibrida. Los riesgos externos no han constituido la amenaza principal para el Estado colombiano, argumento que no tiene cabida como si lo hacen la mayoría de los jóvenes estadounidenses, al ser este país principalmente intervencionista en materia militar.

Incluso, en la necesidad de preservar el posconflicto territorial que sigue siendo deficitario, la demanda de la población que ha vivido el conflicto ha llevado a los soldados a ejercer misiones que en otras circunstancias les correspondían a las fuerzas de Policía o incluso a otras agencias del Estado. La Doctrina de Acción Integral es un reflejo de esta evolución del papel de las Fuerzas Militares al interior del país en un escenario de lucha contrainsurgente.

No podríamos entonces por ahora reducir el pie de fuerza principalmente por dos razones; el gasto público y la necesidad de seguir mejorando las condiciones de seguridad del país. Con una limitante, y es la que tiene que ver con la variedad de metodologías nacionales e internacionales que generan confusiones al momento de realizar análisis y estimaciones.

Según cifras del Ministerio de Defensa durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos se destinó un total de 217 billones de pesos.

Lo que significó un aumento del presupuesto anual en un promedio de un billón de pesos. En 2011 inició con 22 billones y en 2018 se situó en 31 billones de pesos. De acuerdo con un informe del mismo ministerio el incremento obedece en gran medida en lo que se destina para “gastos de personal y transferencias”.

Por ejemplo, bajo el Gobierno de Uribe (2003-2010) se destinaron cerca de 121.3 billones de pesos al sector defensa. En el Gobierno Pastrana (1999 y 2002) aproximadamente 29.2 billones de pesos; y bajo la administración de Samper (1995-1998) el presupuesto rondó los 15.9 billones.

Si vamos entonces a reducir el pie de fuerza la pregunta es ¿Por qué entonces bajo el Gobierno que logró la desmovilización de la principal guerrilla del país se aumentó los recursos al sector defensa?

Habría que responder también cuales son actualmente las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía frente a las amenazas internas y externas que presentan estos nuevos actores armados y cuáles son las estrategias para reducir y neutralizar los grupos al margen de la ley vigentes y de crimen organizado.

Además, cabe resaltar que en “tiempos de paz” los ejércitos deben estar preparados para eventuales ataques y retaliaciones. Como ha señalado la Corte Suprema de Justicia que las fuerzas militares no solo prestan servicios de seguridad y defensa sino también un acompañamiento y servicio humano a la comunidad y al país.

Mientras tanto, diferentes estudios señalan que mientras no haya un “posconflicto pleno” amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos transnacionales estarán a la orden del día.

Pdta: En una reciente decisión la sala plena de la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que imponía como requisito en incorporación de soldados profesionales “ser soltero, sin hijos y no tener una unión marital de hecho”. ¡Bravo!

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.