Ley de seguridad ciudadana sirvió para que el país comprobara que en las próximas elecciones en Colombia se enfrentarán dos talantes políticos: quienes quieren seguridad y protección de la vida y bienes de los ciudadanos, y aquellos que son débiles y protegen el vandalismo y la inseguridad. Mitos que se tejen, alrededor de un proyecto democrático, quieren desdibujar, con verdades a medias, una iniciativa que endurece las penas contra delincuentes reincidentes y personas que atenten contra los bienes públicos y privados. Clamor ciudadano fue escuchado por una parte del poder legislativo que apostó por impulsar un aumento de penas, la posibilidad de la legítima defensa, condenar la intimidación con armas, imponer sanciones por daños a la infraestructura y conducir a prisión a quienes desde las capuchas se aprovechan del legitimo derecho a la protesta.

Opositores a ultranza de la ley de seguridad ciudadana escudan, en una defensa a los derechos humanos de los delincuentes, le necesidad que tienen de salvaguardar sus intereses electorales futuros, articulados con las células de la primera línea. Acto legislativo que pretende castigar lo que hacen vándalos incendiarios deja claro, sin sacar los hechos de contexto, que en Colombia se puede marchar y practicar el derecho a la protesta, lo que NO se puede es bloquear, incendiar CAI, destruir, robar, impedir movilización de vehículos, atacar a personas o a la fuerza pública. Pronunciamiento de las corrientes de la izquierda colombiana, pontificadores de la moral, dejan en evidencia que a algo le temen, necesitan de la delincuencia, para abrir camino a la imposición de un modelo que acabe con las garantías de un estado de derecho.

Límites que se imponen a la desbordada forma de reclamar desde las vías de hecho, lejos de ser un atentado contra la protesta social, es devolver el orden, la autoridad y el respeto que se le perdió a la Policía y el Ejercito Nacional. Red de eufemismos se entrelaza para infundir miedo: “plomo es lo que hay y plomo es lo que viene”, “protestar será un riesgo de muerte con ley de seguridad ciudadana”, “este es un acto inconstitucional”, “mientras Colombia está en modo navidad, finalmente fue aprobada una ley que pretende llenar de pánico a quienes protestan y defienden la dignidad”. Llamados a la firmeza de un séquito de militantes que quieren imponer por la fuerza una errada visión de país, complicidad con el vandalismo y el terrorismo es la que tienen quienes prefieren excarcelar terroristas que apoyar a la Policía Nacional y el ESMAD en un entorno de caos.

Impunidad que tomó carrera en la nación, con quienes ahora se denominan Comunes, es el reflejo de una corriente política que se ríe de las fisuras de una democracia que está a la merced de un poder jurídico politizado. Revisión de la ley de seguridad en la Corte Constitucional, y el posterior pronunciamiento de este ente, atiza los ánimos de un país polarizado que atónito espera las acciones ante instancias internacionales de quienes dicen tener un pacto histórico por Colombia. Daño hace a la nación construir la historia y la visión de los hechos desde el pronunciamiento de una facción o un informe, desnivelado en materia de Derechos Humanos, como el presentado por la ONU; esfuerzos por mantener el orden jamás estuvieron ligados al uso de la fuerza letal a manos de los organismos del estado o particulares promoviendo el paramilitarismo.

Ley de seguridad ciudadana está pensada para la mayoría de los habitantes de la geografía nacional, una población de bien. Emplazamiento a la Corte Constitucional es a ponerse de parte de un grueso del colectivo social y proteger la democracia de los tentáculos de un sector político que representa las minorías y sabe que, con la entrada en vigor de este acto legislativo, en marzo más de la mitad de sus votos podrán estar tras las rejas pagando por sus actos al margen de la Constitución. Complejo es comprender a una oposición que sucumbe en el mar de las contradicciones, no quieren una ley de seguridad ciudadana, pero quieren más presencia de Fuerza Pública y cuando ven el rubro de Seguridad y Defensa en el presupuesto son los primeros en poner el grito en el cielo. Borrar de un plumazo el principio de autoridad solo propiciará el escenario ideal para hacer revueltas como las ya vistas y acabar igual o peor que las naciones que optaron por el socialismo del siglo XXI.

Protección masiva que se promueve para delincuentes da licencia para las extralimitaciones y encumbra la apología al crimen y a la inseguridad. Condena contra asesinos, apartamenteros, atracadores, vándalos y raponeros reconoce, desde la legalidad, que, así como se tienen derechos, también se poseen deberes. Oposición a la ley de seguridad ciudadana debe trascender el miope proceder de la extrema izquierda, comunista y socialista, colombiana que se alimenta del desorden y vandalismo de su target de votantes. Nadie está apostando por acallar las voces que dicen promulgar la verdad o reprimir las protestas sociales promoviendo el “asesinar legalmente” como aseguran quienes manifiestan representar los derechos de la población que pasa hambre y vive sin garantías.

Pataleo de los íconos de los movimientos de la izquierda colombiana comprueba que la ley de seguridad ciudadana fue un golpe duro contra la delincuencia y el deterioro del respeto a la institucionalidad. Peligrosos son los argumentos que siempre usan los de la ideología mamerta para tumbar todo aquello que impida la impunidad de quienes delinquen, actos que favorecen a los delincuentes miden el temperamento y cinismo de quienes estructuran una alternativa de gobierno diametralmente opuesta a la que rige los destinos de Colombia. Corriente política siniestra, mentirosa, envidiosa y generadora de odio que promueve el fanatismo del populismo está preocupada porque se llenen las cárceles y no porque las calles estén llenas de terroristas, asesinos y ladrones, incongruencias con las que afortunadamente son cada día menos los que les creen.

Valor y relevancia que se le quiere dar a la palabra de los criminales en Colombia es el detrimento de alto calibre que sufren los valores de una sociedad que cree más en los que están al margen de la ley y dicen todo lo que sea necesario para tratar de salvar su pellejo ante la justicia. Incivilización que se vio en las calles en medio de la protesta social es el destello de un colectivo similar a los hombres de la edad de piedra. Destrucción que trae consigo la izquierda se puede ver y palpar en aquellos países que son gobernados por líderes “progresistas”. Lucha por las clases menos favorecidas es el estandarte de batalla de quienes como los Comunes tienen un pasado non-santo y desde la legalidad, como congresistas, quieren seguir disfrutando de lo ganado sin indemnizar a las víctimas.

Voz que ahora alzan los de izquierda llamando a la protesta y poniendo a prueba la ley de seguridad ciudadana solo busca llamar la atención de ONG’S globales que les ayudarán tácticamente a estructurar un escenario similar al que ganó las elecciones en Chile. La ley de seguridad ciudadana solo les disgusta a los que están empeñados en dañar el país, en el texto a espera de sanción presidencial hay tanto de ancho, como de largo, pero no hay quien pueda negar que tiene muchos detalles que son favorables para el ciudadano de bien. La mejor noticia se recibirá el día que los colombianos puedan constatar que la ley se cumpla; en Colombia se tienen leyes para todo, pero no se ejercen por el estado.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

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