Promulgado protocolo de la protesta social, que anunció con gran relevancia la primera autoridad de la capital en 2020, deja más dudas, incógnitas y vacíos que certezas y éxito en la forma de hacer frente al descontento poblacional que se hace presente en las calles de Bogotá.
Cabeza fría, propia de la distancia de los acontecimientos, exalta una serie de preguntas que no encuentran respuesta y están distantes a la coherencia del libre derecho a la manifestación pública. Señalamiento mediático y social de la alcaldesa a la Policía Nacional, ligado al populismo propio de la mandataria, es una evidencia más del irrespeto al debido proceso y la anuencia política de la izquierda colombiana con la protección a encapuchados que incitan a la violencia y la destrucción de los bienes públicos y privados.
Laxitud administrativa del gabinete Distrital para hacer frente a la protesta, y asumir responsabilidades por las decisiones que se deben tomar al calor de los actos, busca desviar la atención del colectivo social enlodando la imagen institucional de la Policía. Lejos de estigmatizar a Gareth o Dilan, uno herido y el otro fallecido en el marco del descontento ciudadano, es importante no perder de vista que los vídeos, de las cámaras de seguridad, son prueba fehaciente de que quienes terminan involucrados en estos hechos lejos están de la canonización; antes que rezar el rosario con camándula en mano en las calles, los jóvenes están siendo permeados e influenciados por agentes externos interesados en desestabilizar el orden democrático nacional.
Ego y prepotencia que se proyecta desde el Palacio de Liévano denotan el carácter político de quien es estupenda para gritar, pero pésima para ejecutar; enérgica gobernante que endilga extralimitaciones a la fuerza pública y le cuesta tomar acciones contra un Secretario de Seguridad que no tuvo el valor civil de asumir que avaló y dio la orden de usar el Esmad el 24 de febrero. Mar de contradicciones en instrucciones, prohibiciones y protocolos que solo muestran la negligencia de una administración que se empeña en minimizar el fenómeno de violencia e inseguridad que se apodera del imaginario colectivo; cruel realidad que no riñe contra un índice de percepción que se quiere desmitificar desde el gobierno Distrital. Libertad de expresión no puede trasgredir los derechos fundamentales de quienes no cohonestan con las vías de hecho para llamar la atención de la rama ejecutiva y legislativa del país.
Disrupción de la alcaldesa con los ciudadanos está en la miopía que se tiene para atender las necesidades de un colectivo sumido en el miedo generalizado, delirio de persecución que impide salir a caminar sin pensar que llegará el de una moto a propiciar un atraco o se será víctima del raponazo que se ha incrementado a consecuencia del hambre propiciada por la migración indiscriminada y el desempleo que deja el confinamiento, los cierres sectorizados y las restricciones impuestas por la mandataria para atender la pandemia. Fractura social plagada de incoherencias por parte de quien se cree heroína de la democracia, pero tiene múltiples disfunciones entre el decir y el hacer; actitud comportamental que solo delinea el irrespeto, irresponsabilidad e ineptitud de una funcionaria que está a la cacería de peleas, pero que olvida que está llamada a preservar el orden que apuestan por desequilibrar los revoltosos.
Valor de la vida y los derechos humanos no pueden estar circunscritos únicamente para quienes apuestan por perturbar el orden público, complejo rumbo toma la capital de los colombianos cuando los ciudadanos de bien deben asumir como normales los bloqueos, los encapuchados, las papas bomba, los grafitis, las agresiones y demás actitudes reprochables de quienes se esconden detrás del libre derecho a la protesta para vandalizar la ciudad. Responsabilidad de la Policía es proteger la vida, preservar la seguridad y libertad de locomoción del grueso de la población, lucha contra el delito que es desacreditada por quienes demuestran tener aquiescencia con una protesta que infringe la ley; el parar para avanzar requiere de inteligencia emocional y capacidad propositiva y argumentativa para expresar el descontento y que se escuchen las propuestas de cambio que tiene la juventud nacional.
Narrativa del caos, centrada en el espectáculo permanente de desprestigiar la labor policial, no es más que una politiquería barata que favorece a los que protestan de manera violenta. Ansias de protagonismo de la líder glauca para llevarse el crédito de lo bueno, pero lavarse las manos, no para conservar los protocolos de bioseguridad sino para endosar responsabilidades, pisotea la moral de la fuerza pública; estamento gubernamental que teme actuar ante el proceder de una mandataria que rema a un lado distinto de la autoridad y solo conduce a la inseguridad acrecentada. Oportunismo electoral que da la espalda a los bogotanos, desautoriza a las fuerzas del orden, manipula la opinión pública y abre un peligroso camino a la delincuencia sustentada en verdades a medias.
Calumnias, contra la Policía y los manifestantes, disipan esfuerzos de protección democrática de los derechos fundamentales del ciudadano, entorno de la protesta popular demarca que llegó el momento de superar el temor y que el General de la Policía asuma sus funciones y ponga en su puesto a la alcaldesa, se fije límite al manoseo que se está propiciando a una institución que merece el respeto de los colombianos. A la justicia es a la que corresponde determinar quién disparó el artefacto que le afectó el ojo a Gareth y segó la vida de Dilan, circunstancia de tiempo, modo y lugar que tiene tantas aristas como expectativas de inculpar a los agentes desconociendo el contexto que ha envuelto el clamor popular llevado a las calles desde noviembre de 2019.
Juicios a priori son peligrosos, los problemas como sociedad son de fondo y nadie parece verlos. Medios de comunicación y plataformas sociales se han convertido en caja de resonancia de una política de la mentira de quienes fungen de ingenuos, tóxicos mandatarios que, desde su puesto público, destilan veneno conexo al vandalismo delincuencial que tanto defienden. Para la administración distrital no es desconocida la información contundente y la fuerte posibilidad de excesos que acompañan las marchas que circundan las calles de la capital, antes que invertir valores en donde los malos son buenos y los buenos son malos, es fundamental apoyar a las autoridades y acallar el discurso del mal, pues la protesta es válida, pero no el vandalismo.
No es posible que instancias de gobierno, en este caso la Alcaldía Mayor de Bogotá, estén en contra de quienes ponen el pecho y arriesgan sus vidas para atajar a los delincuentes y a los violentos. Efectos políticos y electorales de un actuar torpe, que raya el abuso de autoridad, solo atiza el odio juvenil por instancias del orden democrático que hacen parte de la vida de un país y la estabilidad social del ecosistema ciudadano. Vándalos infiltrados, que acaban con la ciudad, deben ser enfrentados con todo el peso de la ley y el actuar oportuno de una Policía Nacional que cuenta con el respaldo y respeto de las fuerzas políticas, económicas y poblacionales de la nación.
Ver esta publicación en Instagram
Escuche aquí el podcast de la columna ¿Torpeza o abuso de autoridad?
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
