Oscura consciencia los acompaña al evidenciarse su conexidad con actos non sanctos de la protesta.
Orden de levantar de manera escalonada los bloqueos ilegales denota la corresponsabilidad del comité del paro en la quiebra de muchas empresas, el incremento de las tasas de desempleo, el aumento del endeudamiento y la mayor pobreza de la población colombiana. Mezquina asfixia a la nación exige aplicar todo el peso de la ley para que respondan por sus actos quienes, de cara al país, dicen negociar por una mejor Colombia mientras, desde la irresponsabilidad e hipocresía, socavan en la polarización ideológica de corrientes políticas y sociales. Señalamiento que reciben, de un grueso de la población, no es más que la consecuencia del reconocimiento de su incidencia en las ordenes para mantener el caos y propiciar un punto de no retorno que debe ser investigado por la Fiscalía.
Voluntad de diálogo y negociación no puede difuminar lo que en el fondo deja esta protesta, preocupante intención, clara y evidente, de constituir y auspiciar células de terrorismo urbano que desde el lenguaje infunden miedo y se aproximan al nefasto lastre que dejaron el M–19, las FARC, el ELN, los paramilitares, entre otros. Primera línea de estudiantes, madres, manifestantes, y demás denominaciones que se han escuchado en estos días, delinean el ambiente de guerra y confrontación que se quiere instaurar en el territorio nacional; captación de una masa protestante resentida y sumida en el abandono familiar, político y social, que está a merced de oscuros personajes con ansias de poder, desde lo que han llamado un pacto histórico por Colombia. Peligrosas organizaciones convergen en un conflicto que no encuentra fin y subsidia sus intereses desde aportes de corrientes políticas y a través de la extorsión, el robo y el secuestro vistos en los bloqueos y la manifestación.
Bandera de lucha, que los congrega, se difumina en divergencia de intereses que atomiza la mesa de negociación e impone múltiples derroteros para llegar a un primer punto de acuerdo. Indiferencia con la realidad de Colombia demostrada por el Congreso de la República, que quiere pasar de agache en esta coyuntura, decanta la urgente necesidad de asumir un pendiente de la convulsión social que está en curso, sustituir la totalidad de un legislativo que parece estar de espaldas al desangre del país. Ejercicio democrático, que se avecina en 2.022, exige deponer imaginarios e ideologías emocionales para seleccionar con responsabilidad a quienes van a gestionar las leyes y los recursos públicos. Para los colombianos es ampliamente conocido que la clase política es incapaz de auto-reformarse, asumir los daños causados y siempre busca privilegios que la mantenga en la impunidad.
Frágil reconocimiento que tiene el comité de negociación, frente a quienes aún persisten con la protesta en las calles, hace presumir que lejos están de representarlos a ellos y a millones de colombianos que trabajan por este país. Obligación legal del gobierno es garantizar el abastecimiento, la libre circulación de los ciudadanos y el ejercicio de la protesta en el marco de la cordura y coherencia por respeto a los derechos del otro; medida de condicionar la negociación al desbloqueo total del país, antes que ser una negligencia, es el actuar necesario de una administración que no debe legitimar la violencia y está llamada a brindar un apoyo decidido a la Policía y el Ejercito como garantes del orden público. Para negociar se requiere de dos partes dispuestas a conversar y encontrar puntos de acuerdo, pero lo que se percibe son posiciones radicales que quieren imponer un plan de gobierno y admiten que la barbarie ganó.
Normalizar la violencia solo traerá miseria y hambre al pueblo colombiano, señal de conciliación será entender cuál es la causa del problema y viabilizar una solución idónea que de vía libre a la reactivación económica y salve miles de empleos. Programa de gobierno expuesto desde el 21N, por quienes se autoproclaman líderes del paro, poco y nada atiende las necesidades de los niños de las regiones lejanas que no tienen educación, la falta de vías, agua, energía y calidad de vida en muchos territorios, los billones de pesos que se pierden en corrupción; verborrea politiquera de micrófono que exalta ánimos en campaña, obstaculiza la labor gubernamental y pesca en rio revuelto para luego decepcionar con el escaso brazo gestor que los acompaña ejerciendo el poder. 2.022 será el punto de quiebre donde los jóvenes colombianos demostrarán si saben hacer uso del derecho al voto, y si son capaces de asumir la gran oportunidad de cambiar la concepción de violencia para construir una Colombia diferente.
El paro, las incomodidades generadas, las vidas perdidas durante el mismo y los ríos de tinta que lo han analizado, no pueden caer en saco roto; nación igualitaria y justa será imposible de cimentar desde la permisividad, complacencia y vulneración de derechos de millones de ciudadanos. Eufemismo de normalidad es ver a vagos vándalos quemando la nación, ninguna excusa es válida para no reconocer que ambas partes han causado daños y que quién sufre las consecuencias es todo es país. Coyuntura por la que atraviesa Colombia requiere de un diálogo responsable, consiente y cumplible desde ambas partes. Cesar agresiones a la vida es lo mínimo esperado, gesto muy importante para avanzar en un diálogo de negociación que corresponda con acuerdos y garantías verificables de su cumplimiento.
Tendencias de ataque con afán de seguir dilatando la negociación saca a flote las artimañas de un comité de paro que perdió lo ganado cuando tenía la sartén por el mango. Favores políticos conquistados por la masa sindical poco a poco se diluyen ante un colectivo estudiantil empoderado que se distancia de una mesa de negociación a la que se le está saliendo el tiro por la culata. Justicia social, que se reclama en estos momentos, debe comprender que en ejercicio de la democracia hay cosas que la Presidencia no puede cambiar, exigencias e ideas que se exponen, en medio de la protesta, podrán avanzar si logran entender que hay temas que se deben tramitar en el Congreso. Autoridad, orden, bajos impuestos, y apoyo a emprendedores, empresas o negocios será un primer paso para atacar la pobreza que carcome a quienes se declaran inconformes y apuestan obstinadamente por un giro de 180º a la izquierda que condujo al fracaso a países del vecindario.
Importante y responsable, con el país, es una mejor lectura de lo que está pasando para ayudar a resolver los problemas reales y no pensar en campañas políticas electorales, personales o de terceros. Derechos fundamentales de la gente no se atienden con un pliego de peticiones que se construyó en privado y no atiende las necesidades del colectivo protestante; exigencias de la “primera línea” deben dejar de lado eso que impide establecer un diálogo con el otro. Más que hacer cambiar la opinión de los demás, demeritar alguna postura, o imponer una visión de país, los colombianos deben aprender a escuchar, desbloquear determinismos y entender al otro desde sus diferencias.
Grave problema es que mientras la mesa no avanza, en la calle permanecen los vándalos, terroristas y extorsionadores que intimidan al pueblo que apuesta por avanzar en la reconstrucción de Colombia. Difícil situación económica que atraviesa el país, a consecuencia de la irresponsabilidad ciudadana que bloqueo la reactivación, prolongó el tercer pico de la pandemia, y tiene ocupaciones UCI en límites exorbitantes luego del escenario constante de contagio, aclama por un entendimiento desde el dialogo que levante las barricadas, de una parte, y genere oportunidades para todos, de la otra.
La equidad desbloqueará el desarrollo de la sociedad y evitará que se siga viendo la fuerza y la autoridad como única vía para retomar la normalidad que se esfumó con la Covid–19 y se atizó con la marcha que inició el 28 de abril.
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