Derek Chauvin apretó su cuello con la rodilla hasta dejarle sin respiración, en el marco de un procedimiento de arresto por la sospecha del uso de un billete falso. De acuerdo con su familia, Floyd, de 46 años, había sido despedido hace poco de su empleo como guardia en un bar latino, que debió cerrar como consecuencia de la cuarentena adoptada en Minneapolis como respuesta al brote del COVID-19. 

La muerte de Floyd no es un hecho aislado en Estados Unidos. “La tierra de la libertad no lo ha sido para los negros”, decía la activista afroamericana Tamika Mallory el fin de semana. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien publicó un informe sobre violencia policial contra la población afrodescendiente en Estados Unidos (2019),  “los problemas de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, prácticas policiales racialmente sesgadas y desigualdades raciales, son generalizados y representan una clara amenaza para los derechos humanos de los afroamericanos, incluidos los derechos a la vida, la integridad personal, la no discriminación y el debido proceso, entre otros”. El racismo mató a George Floyd.

Pero esta no es una realidad distante de la nuestra. En las últimas semanas se han divulgado en medios de comunicación y redes sociales tres casos de discriminación en Colombia, que deberían suscitar el mismo rechazo que la muerte de Floyd en Estados Unidos: el primero, las expresiones despectivas de  un trabajador de Ministerio de Tecnologías de Información contra los pueblos indígenas del Cauca, el segundo la conversación sostenida en una emisora de La Guajira en la que se habla de “compraventa” de mujeres indígenas, y finalmente, la denuncia por falta de atención médica a una mujer trans en el centro de Bogotá.

Sobre el primer caso, el 19 de mayo pasado se dio a conocer un audio de un funcionario de MinTic en el que se refería a los indígenas del Cauca con insultos y frases despectivas, por exigir el apoyo económico al plan de contingencia que están adoptando las autoridades del CRIC para la protección de sus comunidades frente al COVID-19.  “Deberían morirse esos indios HP”, “ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida. Yo ya odio a estos hijuepu… Quieren plata, son de una mezquindad”, se escucha en el audio del funcionario.  Pese al comunicado público de MinTic en el que señala que rechaza cualquier acción irrespetuosa en contra de las comunidades indígenas y la terminación del contrato del funcionario, éste publicó un video que circuló en las redes sociales en el que prácticamente justifica el tratamiento descalificante.

Los discursos racistas y de prejuicio no van solos, son el preludio o la justificación de otras violencias. Entre octubre de 2019 y mayo de 2020, se ha evidenciado una intensa escalada de agresiones contra los indígenas Nasa en el Cauca que ni siquiera la pandemia del COVID-19 ha frenado; masacres, asesinatos selectivos, amenazas y prácticas de terror en respuesta a su resistencia a la militarización, el sistema de producción agroindustrial y latifundista, y el narcotráfico. Solo el viernes pasado, María Nelly Cuetia y Pedro Trochez, médicos tradicionales nasa, fueron hallados muertos en Corinto, Cauca; es un acto de destrucción de la memoria y el conocimiento propios, es la consumación del proyecto de exterminio que pretende arrasar el territorio”, señaló la ACIN en un comunicado.  La falta de respuesta estatal a estas violencias, además de explicarse en términos de los intereses económicos y políticos que se mueven en el Cauca, transmite el mensaje de que estas vidas poco importan.

En la misma semana en que se conocieron los audios del funcionario de MinTic, se conoció otro audio, esta vez de un diálogo público sostenido en la emisora Cardenal Stereo, entre los señores Fabio Zuleta y Roberto Barroso, quien se presentó como palabrero wayúu. En la grotesca conversación, estos señores hacen referencia a la “compraventa” de una indígena wayúu, con alusiones despectivas y denigrantes de las mujeres indígenas.  Lo que deja al descubierto la conversación, es lo naturalizado que está para los interlocutores pensar en las mujeres wayúu como objetos disponibles e intercambiables.

La respuesta de las mujeres wayúu fue enérgica: “la mujer wayúu no se vende” y organizaciones indígenas se han pronunciado en rechazo a estos hechos y han exigido que se adelanten las respectivas investigaciones por promover la trata de personas, la discriminación y el racismo, y se adopten medidas para que estos hechos no se repitan.

También el fin de semana, la Red Comunitaria Trans denunció el caso de Alejandra, trabajadora sexual trans quien, al sufrir un episodio de ahogamiento, llamó a la línea de emergencias 123.  De acuerdo con la denuncia, una ambulancia atendió el llamado, pero el personal paramédico dejó de atenderle al enterarse que la paciente vivía con el virus VIH. Se reclama igualmente que a pesar de que los síntomas podrían tener relación con COVID-19 no se hicieron las pruebas ni a Alejandra, ni a las personas que convivían con ella, entre ellas su madre quien es población del alto riesgo.  Además de que las autoridades deben actuar para establecer si se trató de un caso de negligencia médica basada en el prejuicio, es importante que la administración distrital adelante procesos de formación dirigidos al personal sanitario para prevenir situaciones de homofobia, transfobia y discriminación en el marco de atención casos de COVID-19 como ha recomendado la CIDH (Res. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos).

La nuestra es una sociedad que discrimina al que piensa diferente, al que se ve diferente, al que ama diferente a la matriz dominante blanca, heterosexual, patriarcal, que ha construido un discurso de alteridad que jerarquiza, subordina y justifica violencias.  Resulta necesario avanzar en la investigación y sanción judicial de estos hechos de racismo y discriminación, pero especialmente construir políticas públicas orientadas a remover los prejuicios y estereotipos que social y culturalmente sustentan el racismo, el sexismo y la discriminación en todas sus formas.

En este sentido, tanto el Comité de Discriminación Racial, como el Comité para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer de Naciones Unidas, recomendaron el año pasado al Estado colombiano elaborar estrategias integrales para combatir el discurso de incitación al odio, la discriminación racial, así como las actitudes estereotipadas patriarcales y sexistas presentes en la familia y en la sociedad.

“No puedo respirar”, fue la frase que pronunció el afroamericano George Floyd once veces antes de morir y que se ha convertido en la consigna de miles de manifestantes en Estados Unidos. Es un grito de indignación y rabia que también es nuestro; las vidas negras, indígenas, de las mujeres y de la población trans importan.

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