Una causa de la inequidad socioeconómica que se observa en Colombia son los pobres resultados académicos que logran los bachilleres de colegios ubicados en poblaciones de bajos ingresos, y la dificultad para que, por cuenta de dichos resultados, estos jóvenes puedan acceder a la educación superior. Es un problema crónico que contribuye a replicar la pobreza intergeneracional y la estratificación social que hoy que se mantiene y que hay combatir.
Son muchos los esfuerzos que realiza el Gobierno para apoyar y proyectar el sector educativo y la calidad de su servicio. No obstante, aún siguen apareciendo disposiciones que alimentan esa estratificación, minando así las esperanzas de muchos jóvenes.
Nos referimos en particular al sistema de créditos que, con ocasión del COVID-19, el ICETEX está ofreciendo sin la necesidad de codeudor, con intereses cómodos, y para ser pagados después de terminar los estudios. Hasta ahí, excelente. Desafortunadamente, a renglón seguido el ICETEX excluyó de dichos créditos a los estudiantes con puntajes inferiores a 320 en la prueba del ICFES, es decir, más del 90% de nuestros bachilleres (!)
Entonces, si rechazamos a ese 90% de bachilleres, muchos de ellos egresados de colegios públicos y provenientes de comunidades vulnerables, procede preguntarse: ¿cómo saldaremos nuestra deuda social con ellos y con sus comunidades?, ¿cómo vamos a facilitarles el acceso a una educación técnica, tecnológica o profesional que les permita llegar a ser ciudadanos comprometidos, felices y exitosos?
La respuesta a estas preguntas no puede dejar duda. Abrir las oportunidades de formación a estos estudiantes tiene que ser el compromiso de nuestra sociedad y, para eso, antes que negarles el apoyo hay que facilitarles el acceso a la educación superior. Así lo están haciendo los países que entienden que la educación es el instrumento estratégico para que sus nacionales puedan construir un futuro dignificado.
Es el caso del programa ASAP (Estudios Acelerados en Programas Asociados, por sus siglas en inglés), de alta calificación en Estados Unidos. Estos programas parten de la base de que, sin una discriminación positiva, seguirán siendo pocos los estudiantes de bajos ingresos que acceden a programas de educación superior, y mucho menos los que lograrán terminarlos, profundizándose así aún más la estratificación social.
A diferencia de lo que hace el ICETEX, el ASAP aporta soluciones multifacéticas a la variedad de problemas que le impiden a los jóvenes marginados registrarse en programas de educación superior: financian sus matrículas, sus textos y su transporte; les proveen consejería académica y profesional, y a través de sus plataformas identifican oportunamente las ausencias de clases y demás causas de deserción. “Apagan” así los factores de riesgo que comprometen su permanencia en el sistema educativo. A raíz de estos apoyos multifacéticos, la reducción en la tasa de deserción y el incremento en la tasa de graduados han convertido al ASAP en una herramienta con profundo impacto social.
Son varias las Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas que despliegan esfuerzos similares a los del ASAP, dirigidos a convocar a jóvenes de sectores desfavorecidos y a asegurarles a sus egresados oportunidades de movilidad social. Lo hacen comprometiendo esfuerzos, acudiendo a plataformas virtuales especializadas –no a simples instrumentos para videoconferencias- apoyadas por ambientes pedagógicos y didácticos, y por bibliotecas virtuales apropiadas para esta modalidad. Destinan en los primeros semestres recursos para lograr la nivelación académica de sus nuevos estudiantes y su familiarización con la tecnología; enviando periódicamente docentes a las regiones para reforzar la formación de los estudiantes, y, después de todo, cobrando matrículas limitadas.
Pero esos esfuerzos no deberían quedar allí. La financiación masiva e incondicional del ICETEX a los segmentos de la población con mayores dificultades sería un nuevo mensaje de solidaridad y modernidad, alineado con el compromiso que en este campo ha venido demostrando el Gobierno Nacional. Sería el reconocimiento de que las deficiencias de nuestra educación escolar de ayer no pueden ser pagadas por nuestros jóvenes de hoy. El reconocimiento de que un puntaje en el ICFES de menos de 320 no puede constituir una sentencia de inviabilidad con la fuerza de la cosa juzgada. Y sería el reconocimiento a aquella otra población que también tiene sueños y quiere contribuir con el desarrollo de su región y su país.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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