Transformación de Colombia para asumir la nueva cotidianidad del colectivo social no solo debe tener en la agenda una reforma de la justicia, más que necesaria, sino abordar también el escenario político de la nación.
La resistencia al cambio es más que previsible en un escenario en el que las entrañas del aparato jurídico del país están plagadas de intereses ideológicos –de izquierda, centro y derecha– y se ajustan a la medida de la conveniencia particular de cada uno de los actores sociales; biósfera singular en el que la ley tiene una aplicación diferencial conforme a la relevancia del personaje y el impacto mediático del hecho. Distantes de nombres, pensamientos, corrientes, creencias y demás divergencias conceptuales ciudadanas es claro que Colombia está ad portas de un estallido social reprimido.
El estamento ejecutivo, legislativo y judicial atraviesa por un escollo de proporciones bastante similares al que circundaba el país a finales de la década del 80 y comienzos del 90; de la descomposición narcocriminal con tentáculos en cada uno de los pilares democráticos se ha dado paso a la impunidad, la corrupción, la desvergüenza y la marcada desigualdad, fenómenos malevolentes con efectos colaterales en la economía nacional e impacto directo en el ciudadano. Desgaste emocional y de percepción que pone a Colombia en una incómoda posición de inviabilidad como Nación, realidad con secretos imperdonables que aclama por un pacto social ajustado a las proporciones de lo acontecido con el Movimiento Estudiantil de la séptima papeleta.
El descontento social y la protesta ciudadana que ya se estaba gestando desde noviembre de 2019, ese que se detuvo y quedó en el limbo en medio de la pandemia, está llamado a repensar sus bases estructurales apartados de la manipulación e intereses electorales de caudillos ávidos de poder que como sanguijuelas se infiltran y lo permean para promover sus intereses. La coyuntura del momento, el desprestigio de la ralea política, económica y jurídica del país abre el panorama para que surjan nuevos jóvenes líderes que, desde su preocupación por el contexto general de la nación, encuentren alternativas de viabilidad para la implementación de los Acuerdos de Paz, con justicia y reparación; reformar la concepción y composición de la esfera política y jurídica, al tiempo que se atajan las profundas discrepancias de la política social que sucumbe en el abandono a la población más vulnerable.
Mezquindad auspiciada en maquiavélicos planes estratégicos de calculadores políticos impiden la reconciliación de un país, hasta ahora, incapaz de dar vuelta a la página y avanzar en la construcción de un futuro al margen de la violencia y el desequilibrio que ha acompañado a cada una de las capas poblacionales de Colombia en las últimas décadas.
Naturalización de los acontecimientos desdibujó el margen ético del comportamiento y hace que muchos asuman como normal que la justicia esté del lado de los bandidos, contorno preocupante que hace necesaria la implementación de una reforma al cuerpo jurídico colombiano; metamorfosis estructural que es contraria a los privilegios de los sectores políticos hoy llamados a conciliar con el mayor alcance y velocidad la propuesta delineada por el gobierno.
El país se encuentra en un cuello de botella en donde convergen el consenso de factibilidad para aplicar correctivos en la rama jurídica y la sordidez de políticos, académicos y profesionales del derecho que torpedean la iniciativa. Consensuar la innovación implica avanzar en una reforma que no se constituya en un nuevo intento fallido, que perece ante la maniobra y verborrea constitucionalista de quienes quieren minimizar el problema y asociar el interés general a un caso particular. Fuero interno de las cortes, organismos judiciales y entes de control deben ser expiados del hedor que sale a flote con la conveniente interpretación de la ley, aplicación selectiva de justicia lejos de la proporcionalidad esperada con el tipo de delito que se juzga.
No se puede cambiar a quien no quiere o, si quiera, está dispuesto a ello, el cuerpo jurídico colombiano está infestado de personajes cómodos con una efímera atmósfera “garantista” de separación de poderes, perfecto escudo proteccionista para aquellos que se niegan a dar paso a la reinvención que propenda por blindar de confianza, garantía y seguridad los actos y decisiones del aparato judicial del país. Legalidad sustentada en principio de equidad y acceso proporcional para todos los ciudadanos, compromiso enfocado con aquellos pilares circunstanciales ligados a la modernización, digitalización, de la justicia, el fortalecimiento de los mecanismos de resolución de conflictos, la optimización de la infraestructura carcelaria, y la agilidad de las etapas procesales.
Sendero de dimensiones fiscales, operativas y logísticas que tiene en su haber antecedentes y precedentes que llaman a la reforma de códigos y estructuras del tronco jurídico colombiano; reforma que nadie se explica por qué debe estar ligada al parecer de partidos políticos y fuerzas legislativas que tienen sumida a la justicia en la grave politización que la asocia con la trampa, dejadez e indignidad que hoy la carcome. La transparencia no se promulga, se exhibe en cada acto sin importar la circunstancia o atención masiva de los medios de comunicación, la justicia debe ser nuevamente un principio rector que se asocie con la moral y se apegue a la verdad respetando la presunción de inocencia y ecuanimidad que corresponde a los protagonistas y antagonistas del proceso.
La hoja de ruta social colombiana añora un cambio profundo no solo en la justicia, es momento de impulsar la recomposición del sector político, romper con la polarización ideológica y renovar la composición del legislativo. Aquel principio que señala que de no existir una auto-reforma de la clase política se debe dar la misma desde el constituyente primario toma cada vez más forma, se está en un punto de la historia en donde se debe desatornillar del Capitolio Nacional a legendarios políticos y sus descendencias herederas del poder; dar campo a nuevas corrientes que refresquen la visión de país y la concepción de realidad en el imaginario colectivo. Ente rector con conducta ajustada a la moral y buenas costumbres que sin temor pueda hacer una rendición pública de cuentas, nitidez y escrúpulo que sin el menor sonrojo represente la pulcritud que debe acompañar a los funcionarios públicos sin causales de señalamientos contra la Constitución y la Ley.
El cambio gira entorno a la participación ciudadana, el poder derrotar la apatía electoral cada vez más creciente en las urnas; voz popular que se alce para elegir y ser elegido, pero a su vez para expresar el descontento con la tradicional forma de operar la política y la justicia del país. El delegar las decisiones trascendentales en unos pocos trae como consecuencia que se siga manteniendo el círculo vicioso de los mismos con las mismas; desconocimiento a la voluntad popular y que se imponga la visión solapada de quienes llevan al abismo a Colombia. Los ejemplos están a la orden del día: Referéndum constitucional de Colombia en 2003, Plebiscito por la Paz, Referéndum Anticorrupción, entre otros; el estado social de derecho pide que los colombianos den un giro de 180º y tomen el papel relevante que les pide el refundar los estamentos democráticos para la reconstrucción de la nación.
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