Un sistema diferente que los países desarrollados implementaron hace décadas.
En Colombia no existe política clara para el apoyo a la innovación, mucho menos investigaciones sobre el aporte que se debe dar a la sociedad en términos de ciencia, tecnología, generación de empleo o utilidades.
Impuestos como el IVA de Colombia, no existen en Estados Unidos, existe el impuesto general con una tasa del 2 al 6 %, que no es descontable y permite una eficiencia en el recaudo. Impuestos a los clientes de los bancos como el 4X1000, no existen.
La política se encarga o debe encargarse de formular directrices económicas, cuando las leyes de oferta y demanda no son suficientes, por lo que la cuestión no es de cuánto subirán los impuestos sobre las ganancias de capital, sino cómo se aporta desde el estado a la economía, se dinamiza y se tienen escenarios óptimos para el progreso de la sociedad en su conjunto.
Un impuesto como el IVA castiga los inversionistas, compradores, intermediarios y al mismo estado, en la medida que la demanda se contrae, por lo que vamos a necesitar un aumento de salarios por lo menos igual al que genera la inflación que proviene de una reforma tributaria, esto es, un círculo vicioso y dañino. Gravar salarios, es una medida retrógrada e innecesaria que al corto tiempo se traduce en contracción al consumo. Menos consumo, menos empleo e inversión.
El compromiso de campaña del presidente Biden de aumentar los impuestos a los grandes capitales para financiar la infraestructura y mejorar la protección de la niñez, puede generar falta de confianza en la inversión, o eso es lo que se publica en algunos medios de información.
¿Pero puede ser eso cierto? Algunos inversionistas de capital de riesgo de Silicon Valley y otros grandes inversionistas han hecho saber su inconformidad sobre el proyecto del presidente de aumentar los impuestos a las utilidades derivadas de la inversión en capital, la oposición especialmente republicana, muestra como la desconfianza inversionista pude llevar a la desaceleración de la economía.
Inversionistas como Vinod Khosla, un inversionista multimillonario de Silicon Valley, afirma que no les importa si la tasa de impuesto sube o baja, dado que se grava la utilidad y no la inversión, sus utilidades son participativas, por lo que el nivel de impacto es mínimo y se pueden prever.
La utilidad se genera cuando se venden activos financieros que generan ganancias de capital, a la que se ha opuesto la asociación Nacional de Capital de Riesgo, que públicamente expone sus motivos para que este proyecto de ley sea siquiera presentado, lo que ha provocado un choque entre la industria que en su momento apoyó a Joe Biden como candidato.
A diferencia de Colombia, quienes quieren hacer el paro en EE. UU , son los grandes inversionistas, los que pagarían de sus utilidades multimillonarias las principales inversiones para la dinamización de la industria. Con Trump tenían la favorabilidad de la rentabilidad de la inversión, pero el rechazo de los clientes e inversionistas sobre todo europeos.
Estos inversionistas se caracterizan por asumir riesgos en proyectos nuevos, especialmente en nuevas tecnologías, lo que implica un riesgo alto y una apuesta permanente al desarrollo, que implica que la inversión sea continua y a mediano plazo.
Los impuestos sobre las utilidades se caracterizan por que se pagan una vez, y solo una vez, obtenida dicha utilidad, es decir, solamente si se presentó la ganancia en el negocio sobre una inversión, afectan el margen que se obtuvo, no el ingreso, mucho menos el capital de trabajo, contrario al gravamen del trabajo asalariado que paga la empresa y el trabajador.
Dicho plan se aplica a empresas y personas naturales gravando ganancias de capital como ingresos para aquellos que obtengan beneficios por más de un millón de dólares al año, a una tasa del 23, 8%. Visto comparativamente, con referencia al impuesto de renta, se ubica muy por debajo, el cual corresponde a un 37 %, que se propone ampliar al 39.6 %, acorde al tamaño y rentabilidad de la empresa.
Por supuesto, estas propuestas han sido desaprobadas por los grandes capitalistas y en especial por los inversionistas de riesgo, aduciendo que una tasa más alta de ganancias de capital “podría neutralizar el ecosistema empresarial de Estados Unidos”.
Una pequeña minoría de capitalistas de riesgo, basados en datos históricos y estadísticos, afirman su apoyo con el aumento proporcional de la tasa, dado que en la medida que las utilidades sean mayores así lo será el aporte. De acuerdo a un estudio realizado en 2018, por el Servicio de Investigación del Congreso, concluyó que no había una relación consistente y concreta entre los impuestos a las ganancias de capital y la innovación.
En Colombia, a pesar de duplicar la deuda externa, (150.000 millones de dólares) dos reformas tributarias, aumento de la deuda interna, los más de 19 millones de toneladas de carbón que se exportan al año, más de 19.000 millones de dólares que se exportan por petróleo, la inversión como dinamizador de la economía no se ha visto, las nuevas tecnologías se asoman con timidez en un mercado diferencial y competitivo, es decir, la inversión del Estado no genera riqueza o el empleo que se espera.
Tampoco la dinámica económica, mucho menos la distribución de la renta, haciendo de la intervención de estado, no un dinamizador, sino más bien, un palo en la rueda a la actividad económica que se refleja todos los días en una sociedad menos igualitaria, cerrando el paso al desarrollo.
En nuestro país, entre tasas, sobre tasas, contribuciones, tributos, delineación, semaforización, derechos, estampillas, etc, tenemos más de 200 tipos de impuestos directos, e indirectos, entre los nacionales, departamentales, municipales y distritales, aparte de los peajes, notarías, registradurías, parafiscales, etc. Se grava la inversión, el salario, los honorarios, la utilidad, el trámite, el proceso, la producción, la comercialización, el transporte, la movilidad, la transferencia, la compra y la venta, el pago, el cobro, la ganancia, la tenencia, la propiedad, la industria, los vehículos, etc.
En Colombia tenemos una burocracia pesada, costosa e ineficiente, somos uno de los países de América Latina que tenemos más funcionarios en el exterior, mayor número de ministerios, embajadas o consulados, mayor número de congresistas por habitante, mayor gasto en defensa y seguridad y menor inversión en innovación. Es decir, mucho gasto, poca inversión.
Columna anterior
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
