Más de una década después, el fantasma de una grave crisis en el sistema de salud está paseando de nuevo por los pasillos de las EPS y hospitales del departamento. Este viernes 27 de enero, día en el que vence la última prórroga que la Superintendencia de Salud (Supersalud) le dio a una medida de vigilancia especial impuesta sobre Savia Salud, esa entidad del Gobierno Nacional no solo decidirá el futuro de más de 1,6 millones de afiliados de esa EPS, sino de cientos de hospitales, clínicas antioqueñas y hasta de otras aseguradoras.
(Le puede interesar: EPS en Colombia: conozca las más importantes en las principales regiones del país)
Como si se tratara de una película que se reedita, la EPS más importante del régimen subsidiado en Antioquia está de nuevo en estado crítico y podría estar en la antesala de tres complejos caminos: una nueva prórroga de esa vigilancia, una intervención de la Nación o una liquidación.
El camino que trajo a la que fuera la primera EPS mixta del país en 2013 a lo que hoy pareciera ser un callejón sin salida ha estado lleno de altibajos. La que en un comienzo fuera uno de los referentes del sistema de salud, ejemplo del trabajo articulado entre el sector público y privado, ahora aparece cercada por múltiples obstáculos.
Con corte a diciembre de 2021, un pasivo de $687.955 millones y un patrimonio negativo de -$421.238 millones eran algunos de los indicadores más elocuentes del adverso momento financiero por el que pasa la organización.
EPS Savia Salud: del sueño a la incertidumbre
El nacimiento de Savia se remonta a finales de la década del 2000, cuando las turbulencias del sistema de salud pusieron contra la espada y la pared a la EPS de Comfama, una de las más importantes del departamento, con cerca de 700.000 afiliados.
(Lea también: Ministerio de Salud definió quiénes pueden abortar en Colombia y dónde son procedimientos)
Carlos Mario Ramírez, exgerente de Savia Salud y uno de los artífices de su creación, explica que el punto de inflexión ocurrió cuando la caja de compensación familiar empezó a considerar la posibilidad de retirarse del régimen subsidiado, luego de que otras EPS como Cafesalud, Coomeva y Caprecom fueran saliendo progresivamente de ese mismo mercado en el Valle de Aburrá por múltiples motivos.
“Cuando se llega a esa situación de que Caprecom podía retirarse, obviamente Comfama dice ‘señores me retiro del régimen subsidiado’ y nos íbamos a quedar sin quien asegurara en Antioquia, en especial el gasto donde era más oneroso, más costoso. Para efectos prácticos podríamos decir que el Valle de Aburrá y el Oriente cercano se quedaba sin quien lo atendiera”, recuerda Ramírez.
Además de irse quedando sola en la zona urbana, Comfama también se vio afectada por otros problemas que aún hoy están vigentes, como la forma en cómo está estructurada la UPC (Unidad de Pago por Capitación), cuya brecha entre el régimen subsidiado y contributivo fue una de las razones que debilitó sus balances financieros.
“Se puede poner un ejemplo sencillo. Usted tiene que garantizar el mismo plato a una persona que está en el contributivo que en el subsidiado, pero por el contributivo le reconocen $ 100 por ese plato y en el subsidiado le reconocen $ 75. Eso es una discusión muy larga, pero obviamente genera un desequilibrio financiero que Comfama asumió durante mucho tiempo”, explicó Ramírez.
Tal como quedó registrado en los archivos de prensa de la época y al igual que Savia (guardadas las proporciones), Comfama también pasaba por un mal momento financiero y acumulaba pérdidas por cerca de $ 18.000 millones. Para no ser arrastrada junto con su EPS, la única alternativa para la caja de compensación era consumar su salida del régimen subsidiado.
Buscando anticiparse a ese escenario, que tenía todo el perfil de convertirse en una crisis para el sistema de salud, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia aparecieron en escena ideando una alternativa novedosa: crear una nueva EPS sobre las bases sentadas por Comfama, pero con un capital mixto.
Según quedó pactado entonces, mientras la Alcaldía y la Gobernación se comprometían a capitalizar con $ 60.000 millones la naciente entidad (divididos en partes iguales y en un horizonte de tres años) y tendrían un 73,3% de las acciones, Comfama se quedaría como socio con el 26,7% restante y la garantía de no ver afectada su caja, con miras a no ser intervenida en caso de que la actividad representara pérdidas.
Oficialmente, la entidad comenzó a funcionar el 12 de abril de 2013, cuando recibió luz verde de la Superintendencia de Salud para operar, bajo el nombre de Alianza Medellín Antioquia EPS S. A. S.
(Lea también: Transportadores levantaron bloqueo del peaje el Trapiche, en Barbosa (Antioquia))
Primeros problemas de Savia Salud
Pese a nacer en un ambiente lleno de optimismo, siendo exaltada a nivel nacional como una iniciativa innovadora para hacerle frente a la incertidumbre del sistema de salud, la EPS empezó a tener problemas pronto.
Tan solo en 2014, según puede leerse en los estados financieros, la EPS cerró aquel año con pasivos por $286.695 millones y un patrimonio negativo de -$80.168 millones.
Desde su primer año de funcionamiento, por su naturaleza mixta, la entidad también empezó a ser el centro de duros debates de control político, en los que ese diseño fue cuestionado.
En agosto de 2014, por ejemplo, la Asamblea de Antioquia realizó un debate de control político en el que diputados como Jorge Gómez Gallego, una de las voces críticas de la EPS, sostuvieron que el pecado original de Savia consistía en poner al sector público a poner la plata y el esfuerzo, mientras Comfama no corría mayores riesgos.
Durante ese mismo año, la Alianza Somos 14+1, que reunió a los más importantes hospitales y clínicas de Antioquia, señaló a Savia como el principal deudor de la red de salud regional, con una cartera de $155.113 millones.
Más allá de este debate, el exgerente Ramírez explica que durante sus primeros tres años de funcionamiento la EPS se vio afectada principalmente por tres factores: la salida definitiva de Caprecom del departamento, que implicó la entrada de nuevos usuarios que acumulaban rezagos en su atención; los problemas que ocasionaban los descuentos de la UPC (calculados en $120.000 millones entre 2013 y 2016); y el incremento del costo en salud, aún presente en el debate.
Pese a los esfuerzos por recuperarse, y hasta lanzar un plan para engrosar su número de afiliados del régimen contributivo, el 4 de agosto de 2016 la Supersalud puso su ojo en la EPS y la hizo acogerse a un plan de recuperación.
Un año después, el 4 de agosto de 2017, la superintendencia consideró que Savia seguía con serios problemas en la prestación de sus servicios y un mal balance financiero, por lo que ordenó adoptar la medida de vigilancia especial, que se ha venido prorrogando consecutivamente hasta hoy.
La encrucijada de Savia
Como en una historia que se repite, varios de los problemas que hoy aquejan a Savia son los mismos que enfrentó Comfama una década atrás.
Lina María Bustamante Sánchez, actual gerente de la EPS, advirtió por ejemplo que la brecha entre el UPC del régimen subsidiado y el contributivo ha sido uno de los factores centrales que han desequilibrado las cuentas de la entidad.
“La UPC del régimen contributivo en 2022 estaba en $1.109.000 y en el régimen subsidiado en $965.000, eso es una diferencia por usuario año de $144.000, cuando los planes de beneficios son iguales. Hay un problema estructural”, dijo Bustamante.
Así mismo, la gerente señaló que, por fuera de Savia, durante los últimos 27 años por lo menos otras 9 EPS han pasado por el régimen subsidiado en el departamento y han terminado saliendo por problemas de sostenibilidad.
Al margen de estos problemas estructurales, la única certeza es que el próximo viernes la Supersalud solo tendrá tres caminos: liquidar la EPS, intervenirla, o darle más tiempo para que logre consolidar su plan de capitalización.
El primer escenario ya encendió alarmas desde hace varios días, luego de que la IPS Universitaria advirtiera que Savia le debía $42.000 millones, temiendo quebrarse en caso de que esa deuda se quedara sin doliente.
Bajo ese mismo escenario, el exgerente Carlos Mario Ramírez advirtió que una liquidación no solo afectaría a los cerca de 1,6 millones de afiliados de Savia, sino que podría generar un efecto dominó en todo el sistema de aseguramiento departamental, sometido ya a una alta presión tras la liquidación de otras EPS como Coomeva y Medimás.
“La situación de 2010, a pesar de que fue una crisis muy dura, no es comparable con lo que se vendría en caso de que Savia se liquide”, alerta Ramírez, señalando que, solo en el caso de la EPS Sura, la más grande de Antioquia, también están bajo incertidumbre unos 2,6 millones de afiliados, que podrían ver comprometida su atención en caso de una nueva migración de usuarios.
“Si Savia se liquida Sura va a recibir, como está la normatividad, no menos de 700.000 afiliados”, precisa Ramírez, señalando que, en cuentas redondas, del futuro de Savia dependen al menos 4,3 millones de antioqueños, es decir casi que 8 de cada 10.
A diferencia de 2010, pese a que persisten los mismos problemas estructurales, los vientos de la reforma a la salud anunciada por la Nación añaden un factor de incertidumbre adicional al panorama.
En manos de la Supersalud estará el peso de encontrar este viernes una fórmula que no genere un efecto dominó que termine golpeando a los hospitales, aseguradoras y pacientes de todo el sistema de salud antioqueño.
Los tres caminos para Savia Salud
Supersalud liquida la entidad
Tal como ya ocurrió con otras EPS, dentro de las decisiones que podría tomar la Superintendencia está la de liquidar a Savia Salud, obligando a que sus 1,6 millones de afiliados pasen a otras EPS. Este escenario es el más temido tanto para otras aseguradoras como para los hospitales. Mientras las primeras ya están bajo una alta presión tras las liquidaciones pasadas de otras EPS, los segundos ven con preocupación la suerte de la deudas que acumula Savia.
Desde este último frente, con corte al primer semestre de 2022, el balance de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas era que Savia tenía una cartera de $394.910 millones, siendo la deudora más grande del régimen subsidiado durante los últimos 13 años, según esa organización. Esta medida, la más extrema de todas, generaría que la Nación tomara posesión de los bienes de Savia Salud.
Intervenir la EPS
Una intervención implicaría que el Gobierno Nacional asumiría el manejo de la EPS, nombrando un equipo que llegaría a tomar sus riendas. Según pudo conocer EL COLOMBIANO, esta es una de las medidas que al interior del gobierno departamental se ve más probable, ya que le evitaría a la Nación despejar por ahora el fantasma de un efecto dominó sobre el sistema de salud regional.
En la red hospitalaria, según formuló la semana pasada Marta Cecilia Ramírez, gerente de la IPS Universitaria, con esta medida también habría menos nerviosismo de que la cartera de Savia se quede en el limbo. No obstante, otros expertos advierten que la llegada de un nuevo equipo administrativo también implicaría un trauma adicional para la EPS en su plan de capitalizarse.
Una nueva prórroga
El tercer camino para la Superintendencia sería volver a extender su medida de vigilancia especial por más tiempo, dándole una nueva ventana a la EPS para terminar de cumplir con su plan de acción y un margen adicional para dejar en firme su capitalización.
Sobre este punto, la gerente Lina Bustamante señaló que la cantidad de tiempo otorgado sería clave, ya que durante la última prórroga, anunciada en septiembre pasado, la EPS se vio afectada por un incremento repentino en la solicitud de servicios por parte de sus afiliados, que buscando anticiparse a una liquidación terminaron incrementando el gasto de la EPS. Según sostuvo la gerente, con un plazo mayor a ocho meses, la entidad vería viable sacar adelante su capitalización, pero aclaró que la misma también está en vilo por los anuncios del Gobierno Nacional de una reforma a la salud .
LO ÚLTIMO
.svg)
