La nación —es decir, todos los colombianos— y no solo los habitantes de Bogotá, terminaría pagando las modificaciones que quiere el presidente Gustavo Petro para la primera línea del metro de Bogotá.

(Le interesa: “Por estar saboteando estamos así”: Claudia López le echa el metro encima a Gustavo Petro)

Esa es una de las primeras conclusiones de la reunión que se desarrolló en la noche de este miércoles en la que estuvieron el mandatario; la alcaldesa, Claudia López; el ministro de Transporte, Guillermo Reyes; el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, y representantes del consorcio chino que construye la obra de la primera línea del metro.

En esa reunión, el consorcio chino, como lo había solicitado Gustavo Petro, entregó el informe de evaluación jurídica, técnica y financiera de una subterranización parcial de la primera línea del metro, con cinco opciones que analizó, de las cuales recomendó una, por viabilidad técnica, económica y financiera.

Se trata de la extensión de la primera línea del metro de la calle 72 a la calle 100, subterránea en tres estaciones adicionales y 3,9 kilómetros adicionales.

La alcaldesa Claudia López explicó que es opción la recomienda el concesionario “por razones jurídicas, porque considera que no modifica el objeto del contrato y tiene menos riesgos jurídicos e institucionales; no superaría una eventual adición del 50 % del valor original de la concesión, y porque añadiría valor agregado en términos de que integraría mayor demanda de cerca de 20.000 pasajeros adicionales servidos”.

Las otras tres opciones fueron descartadas por razones jurídicas y por su mayor valor. Otra la considera viable el consorcio porque cabe dentro del 50 % eventual, pero no viable jurídicamente, y consistiría en subterranizar de la calle primera a la calle 72 por la avenida Caracas.

Sin embargo, Petro hizo una contrapropuesta y pidió que continuaran dos mesas de trabajo para que evalúen dos cosas. La primera, sobre dos conceptos jurídicos según los cuales sí se podría modificar el objeto del contrato, aunque para el consorcio chino sería muy riesgoso hacerlo.

La otra cosa es analizar la opción que prefiere Petro consistente en una subterranización desde la estación 8 de la primera línea del metro en la carrera 50 con avenida Primero de Mayo hasta la calle 72. Eso costaría 12 billones de pesos que saldrían del presupuesto nacional y demoraría el proyecto seis años más. De ser aprobada, Petro aseguró que la Nación pagará ese excedente.

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El ministro Reyes dijo después de la reunión: “El interés del presiente es de impacto urbanístico y, por supuesto, de interés público. Aquí nosotros, desde el punto de vista jurídico con los conceptos obtenidos que compartiremos con la alcaldía y con el concesionario, vamos a hacer este análisis a la mayor brevedad posible, con seriedad, con responsabilidad”.

La alcaldesa López fue más concreta y subrayó que en la audiencia pública de priorización de proyectos estratégicos de inversión para el Plan Nacional de Desarrollo, Bogotá y Cundinamarca ratificaron este miércoles su solicitud al Gobierno Nacional de que, en cualquier caso, la prioridad de inversión nueva y adicional es para que en este año se asegure la cofinanciación del Regiotrán del norte (Zipaquirá-Cajicá-Chía-centro de Bogotá) y de tres cables adicionales: uno para conectar la frontera entre Ciudad Bolívar y Soacha y el portal del Sur de Transmilenio, y dos cables del centro.

“Le he insistido al presidente que no es que nos remplacen una inversión por otra: la de la eventual subterranización de la primera línea del metro a cambio de no contemplar Regiotrán o los tres cables. Si llegamos a un acuerdo debe ser un acuerdo sobre las tres cosas”, dijo la alcaldesa al indicar que el costo de la suterranización que quiere Petro correrá por cuenta de la Nación.

En declaraciones a la prensa, López agregó: “Respecto a la financiación adicional, yo he reiterado la posición de Bogotá: Bogotá no tiene cómo poner plata adicional para ese proyecto. La plata que tiene contemplada en su presupuesto es justamente para el Regiotrán del Norte y los tres cables. El presidente ha ratificado este compromiso. De que cueste 12 o 15 billones de pesos adicionales, el Gobierno Nacional los pondría completos”.

Reyes precisó que la alternativa que propone Petro plantea una adición al valor inicial del contrato. “La alcaldesa ha sostenido que no va a poner recursos del Distrito; el Gobierno Nacional los colocaría y eso implicaría que tenemos que hacer una reforma en la ley que establece que estos proyectos se hacen 70-30; ahora sería 100 por ciento ese valor y los llevaríamos en el Plan de Desarrollo”, dijo.

Declaración de Claudia López después de reunión con Gustavo Petro:

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