Se trata de los asesores Luis Lorduy y Andrés Betancur, de la Secretaría General de Palacio, que, según Quinn, “están dedicados a hacer llamadas a los congresistas, uno por uno, y, como en los viejos tiempos, están ofreciendo puestos a cambio de que [los parlamentarios] se comprometan a apoyar los proyectos del Gobierno en esta Legislatura, que son varios y muy importantes”.

Entre esos proyectos se destacan el Plan Nacional de Desarrollo y las objeciones de Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que polarizaron nuevamente al país.

“Las lecciones de la legislatura pasada quedaron”, señaló Quinn, y agregó que, por eso, Duque “acude a la vieja, desprestigiada, pero efectiva fórmula de la mermelada”.

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La periodista agregó que sabe de “un dirigente político de uno de los partidos importantes que están en la independencia que este fin de semana, en una columna [de opinión] hará esa denuncia porque varios de los miembros de ese partido están siendo tentados”.

“Acuérdense también que ellos [los congresistas] llevan un año ahí sin ningún puestico, y estamos en época electoral. Y hay que tener puestos también para conseguir votos…”, continuó Quinn.

Para la periodista, “el Gobierno necesita garantizar mayorías en el Congreso. Ya entendió que eso sin mermelada y sin puestos no funciona. Es una realidad: muy altruista y muy buena esa necesidad [de combatir la mermelada], pero no funciona”.

Según ella, el tema es que el reparto de la mermelada “también pone en aprietos de los jefes de los partidos a quienes les va a costar mucho más mantener la independencia frente al Gobierno en este año”.

Cabe mencionar que Duque, desde cuando estaba en campaña por la presidencia, se oponía férreamente a la práctica de la mermelada, muy criticada en la administración de Juan Manuel Santos, y así lo manifestó en diferentes oportunidades:

Sin embargo, y pese a que comenzó su Gobierno negándose a repartir mermelada, Duque sabe que el tránsito, por ejemplo, de sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP, no será fácil por el Congreso.

Para ese trámite —explica la revista Semana— los presidentes de Senado (el uribista Ernesto Macías) y Cámara (el liberal Alejandro Carlos Chacón) “deberán nombrar una comisión accidental integrada por congresistas de cada partido político”, que se encargarán de “presentar un informe a las respectivas plenarias, pidiendo que se acepten las objeciones o que se rechacen”.

En la conformación de estas comisiones “se librará el primer pulso”, anticipa esta publicación, porque Macías y Chacón “serán los protagonistas”.

“Una vez presentado el informe, las plenarias tendrán que hacer el debate y someterlo a votación”, agrega Semana, y advierte también que de ahí se pueden derivar tres escenarios, dos de los cuales implican un fuerte cabiledo. El primero, si Senado y Cámara dan la razón a Duque, “deberán modificar el texto de los seis artículos objetados antes de enviarlo a la sanción presidencial”.

El segundo, si ambas cámaras rechazan las objeciones, la ley estatutaria de la JEP deberá ser sancionada por Duque. De negarse, será Macías el que deba promulgarla.

El tercer escenario es “el más riesgoso para el futuro” de la JEP, asegura Semana, porque es el de las discrepancias entre Senado y Cámara, “es decir, si una de ellas declara infundadas las objeciones presidenciales, y la otra las declara fundadas, el proyecto se archivará de inmediato”.

“En este escenario tendría que volver a tramitarse un nuevo proyecto para reglamentar el funcionamiento de la JEP. Esta es una de las opciones que más le conviene al Gobierno”, dice el artículo.

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