Entre los elementos más destacados en esta reforma está el hecho de que los ciudadanos, a partir de las elecciones locales del próximo año, no voten por personas específicas sino por partidos con listas de candidatos, es decir, se elimina el voto preferente en favor de las listas cerradas para, como informó El Tiempo, los cargos en corporaciones públicas como alcaldías, gobernaciones, Congreso, asambleas y concejos.
Otro punto aprobado fue el de la paridad de género en la conformación de esas listas cerradas. Blu Radio señaló que en este apartado el 33 % de cada lista deber ser ocupado por mujeres en 2019, y para las elecciones de 2022 el porcentaje de participación de la mujer debe ser del 50 %.
Por otro lado, uno de los temas más llamativos de esta reforma política es el artículo que brinda la posibilidad de que los congresistas tengan voz y voto para definir el 20 % del presupuesto nacional para “solicitar inversión en proyectos regionales específicos que hayan sido previamente aprobados por el Departamento Nacional de Planeación”, según indica El Espectador.
Lo anterior, la manera en que los congresistas le puedan “meter mano” a la destinación de al menos esa quinta parte del presupuesto nacional para los proyectos de sus regiones, ha sido visto como una especie de ‘tecnomermelada’, como la llama Juan Esteban Lewin, editor general de La Silla Vacía.
“Mientras pase ese articulito que es la ‘tecnomermelada’, la reforma va a tener vida. Porque es básicamente una manera en la que el Gobierno no tiene que untarse las manos en hacer cupos indicativos o como se quiera llamar, auxilios parlamentarios, sino que se lo entrega de una vez al Congreso, que lo podrá hacer por varios años”, dijo Lewin en los micrófonos del programa Hora 20 de Caracol Radio.
Para Lewin, como la reforma acaba de pasar un segundo debate y le quedan 6 más, el Gobierno tiene un as bajo la manga para negociar sus proyectos al menos hasta que salga una ley que, luego de su aprobación definitiva, regule la manera en que se entregue o regule esa parte del presupuesto.
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Esta propuesta, según Semana, fue apoyada por las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U. Por su parte, Lariza Pizano, editora política de la revista, dijo en Hora 20 que esto “es lo que entrega el Gobierno a cambio de la aprobación de [la] lista cerrada y de no sentir una derrota tan grande, porque la reforma inicialmente se iba a hundir, de hecho todavía no es claro que vaya a ser aprobada”.
La reforma también incluye un punto señalado en la consulta anticorrupción, precisamente el que limita a 3 periodos la permanencia en corporaciones públicas; deja el Consejo Nacional Electoral tal como está y con todas sus funciones actuales (no hubo consenso para cambiarlo o eliminarlo); una financiación en su mayoría estatal para las campañas; y establece requisitos para que partidos políticos obtengan la personería jurídica.
Sobre este último punto en mención, El Espectador reveló que para conseguir esa personería los colectivos “tendrán que lograr una votación no inferior al 3 % de los votos válidos emitidos en el territorio nacional en las elecciones para Senado o Cámara. De no alcanzar este número, perderán la personería jurídica”.
Sobre la reforma en general, la editora política de Semana opina que “es una reforma mínima”, porque “de nuevo se pierde la posibilidad de hacer una reforma política estructural; es absurdo pensar en una reforma política sin acabar el CNE con filiaciones partidistas, sin una financiación totalmente pública de las campañas políticas”.
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