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Para las 12:00 del mediodía fueron citadas las personas que apoyan esta decisión que ya se convertirá en realidad y que tendrá un poco menos de un año para empezar su aplicación, pues el 1 de julio de 2025 deberá arrancar en forma.
El principal cambio será el cambio de régimen para millones de colombianos. Al régimen público (Colpensiones) y privado (Administradoras de Fondos de Pensiones) les llegará una arista bastante grande: un sistema de pilares que clasificará a las personas en cuatro grandes grupos. Solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario le dará un nuevo panorama al sistema de pensiones.
(Vea también: ¿Cuál es la verdad de la comisión para fondos privados de pensiones?)
La edad de pensión no cambiará por ahora y esta reforma no afectará a las los hombres que tengan más de 900 semanas y a las mujeres que tengan 750 semanas al primero de julio de 2025. Para ellas seguirá funcionando la Ley 100 de 1993.
El resto de los trabajadores de Colombia deberán cotizar hasta los 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y lo demás en los diferentes fondos de pensión privados que hay en el país. Esto significará un ingreso mucho mayor al régimen público.
Con este incremento en las arcas de Colpensiones, el plan del Gobierno es cumplir en 3 aspectos principales.
- Pagarles un subsidio a todos los adultos mayores que no tengan pensión. El montó estará por encima del umbral de pobreza.
- Darle una renta vitalicia a las personas que no logren llegar a las semanas. Esta renta estará conformada por sus aportaciones realizadas y un subsidio del gobierno que equivale al 20 % de lo ahorrado en el caso de los hombres y el 30 % para las mujeres.
- Pagar las pensiones de todos los colombianos que se pensionen con Colpensiones.




Dudas por la reforma pensional en Colombia
Aunque la decisión ya fue aprobada en el Congreso, la oposición sigue y por eso, seguramente, la oposición se mantendrá hasta el primero de julio de 2025. La duda sobre la posibilidad de sostener este modelo a largo plazo es la que más apremia.
A un paso de que en el país comience a regir el nuevo modelo pensional, la Procuraduría General insistió en advertir el riesgo para la población y la incapacidad de Colpensiones para atender la demanda.
Para el Ministerio Público, las dudas no solo tienen que ver con los ajustes en las formas cómo los trabajadores cotizarán para su pensión y cómo se distribuirá ese aporte al sistema pensional, sino con los eventuales riesgos en la operatividad de la administradora de pensiones, Colpensiones.
Por eso, en las últimas horas el órgano de control solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia detalles sobre el seguimiento hecho a Colpensiones y demás actores del sistema, a propósito de la implementación del nuevo modelo pensional.
La delegada de Asuntos del Trabajo requirió información sobre las acciones implementadas y el cronograma de actividades a cargo de esta Superintendencia para evitar futuros riesgos.
(Vea también: Petro sancionará su reforma pensional en la Plaza de Bolívar el 16 de julio)
Considera el organismo que, de no adelantarse las funciones inmediatas de inspección, vigilancia y control, se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema, los recursos, así como los derechos de los afiliados y pensionados de Colombia.
“Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”, precisó la delegada en su comunicación a la Superfinanciera.




De igual forma, la Procuraduría solicitó adoptar todas las medidas necesarias frente al traslado de 19 millones de afiliados que implica la ley, con el fin de que esa entidad pueda asumir la administración en materia pensional.
Insistió una vez el órgano de control que Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa, ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025.
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