La Procuraduría General de la Nación solicitó la realización de una audiencia pública ambiental para valorar los impactos ocasionados por posibles incumplimientos en el contrato para la operación del relleno Doña Juana, por parte de Consorcio de Gerenciamiento de Residuos (CGR), que administrará el sitio desde 2010.

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En la audiencia convocada se recibirán quejas y solicitudes de la ciudadanía y otros actores sociales para valorar los impactos ocasionados por la manera en que ha sido ejecutado el proyecto desde que fue adjudicado al operador CGR, que operará el sitio hasta el 2025.

“El Ministerio Público requirió a la Corporación Autónoma Regional (CAR) a convocar a este mecanismo de participación ciudadana para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Consorcio y considerar los aportes frente a la denuncia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el presunto incumplimiento en la obligación del contratista de optimizar la planta de tratamiento de lixiviados, a pesar de ser una obligación de dicho concesionario desde 2018″, aseguró el ente de control, a través de un comunicado.

Frente a esto, es clave señalar que esta planta busca que los fluidos generados por la descomposición de los residuos no lleguen a los cauces de agua en las inmediaciones del relleno, ubicada en el extremo sur de la capital del país.

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De esta manera, se espera también recibir denuncias y otros elementos relacionados con el proceso en curso en la Fiscalía en contra el representante legal del operador del relleno por los delitos de peculado (por apropiarse presuntamente de los recursos para el tratamiento de lixiviados), y fraude procesal durante un proceso en un tribunal de arbitramento y en otra ocasión ante el tribunal administrativo.

Así, se espera que en los próximos días, la CAR de a conocer la fecha para la realización de la audiencia pública.

Cabe señalar que este sería un nuevo capítulo del pleito legal entre el operador del relleno de la capital y la administración distrital después de que un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) determinó que tanto el Distrito como CGR faltaron a sus obligaciones del contrato para la operación del relleno de la ciudad.

Tras hacerse pública la decisión del laudo arbitral, tanto el Distrito como CGR tienen la opción de presentar un recurso de anulación ante el Consejo de Estado. Los expertos explican que no se trata de una segunda instancia, en la que se pueda volver a debatir cada una de las pruebas. Se trata de una revisión en la que se impugnan causales específicas, como la omisión de pruebas o la falta de competencia de los árbitros para pronunciarse frente a determinados temas.

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En caso de tomar la decisión de acudir a este recurso, le corresponderá a la Sección Tercera del alto tribunal administrativo, que podría tardar hasta seis meses en tomar una decisión. No obstante, por la experiencia con otros laudos arbitrales, parece complejo que los argumentos prosperen.

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