La petición fue hecha ante los tribunales superiores de San Andrés y Cartagena, y según explica la Procuraduría en un comunicado el objetivo es “proteger los derechos de los habitantes” de la isla y velar por un ambiente sano. Por eso, dice, presentó cuatro intervenciones ante las autoridades.
“Al evidenciar la problemática ambiental en el cayo Johnny Cay, el organismo de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, presentó una acción popular en la que pidió medidas para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de ingreso de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro del parque. Como medida cautelar, solicitó el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Johnny Cay”, indica el Ministerio Público.
Además, y como segunda medida, la Procuraduría advierte que hubo desacato a una sentencia de 2014 que amparaba intereses colectivos y exigía a Providencia y Santa Catalina “obtener la potabilización del agua del municipio”.
La tercera intervención que pide el órgano tiene que ver con un desacato de la Gobernación de San Andrés “porque no ha realizado el debido seguimiento sobre la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) frente al control poblacional en la isla”, y porque además no ha avanzado en un proyecto para mejorar las condiciones de sus empleados.
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La última intervención tiene que ver con el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe “otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla, hasta tanto no se cuente con redes de alcantarillado adecuadas”, concluye la información.
Así las cosas, el Ministerio Público anuncia que mediante una comisión hará seguimiento a estas medidas y vigilará los recursos de uno de los puntos turísticos más concurridos del país.
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