El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó su primer balance sobre la situación humanitaria en Colombia en el primer semestre de 2022. En este reporte, explican que una de las victimizaciones que más se vivieron en este lapso fueron por artefactos explosivos o minas antipersonales: 377 personas en todo el país fueron afectadas por ataques con explosivos. Esa cifra aumentó en un 43 % respecto a los casos del primer semestre de 2021.

En el informe especifican que el 77 % de todas las victimizaciones en el marco del conflicto armado durante estos primeros seis meses estuvieron relacionadas, precisamente, con este tipo de ataques con minas antipersonales, bombas, granadas, entre otros artefactos. La mayoría de estos casos ocurrieron en Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander y Meta.

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El CICR expresó su preocupación, especialmente, porque el 53 % de las víctimas de este tipo de delitos es población civil no combatiente, es decir, personas que no están necesariamente involucrados con los conflictos armados internos que se viven en Colombia. Al respecto, Lorenzo Caraffi, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, expresó: “Invitamos a los nuevos legisladores y al próximo gobierno nacional para que escuchen la voz de las comunidades afectadas, para entender sus problemáticas y encuentren soluciones pragmáticas para aliviar su sufrimiento”.

Otro de los delitos que más registraron fue el del desplazamiento forzado a causa de la guerra. En apenas estos primeros seis meses, 41.074 personas tuvieron que salir de sus territorios por amenazas de grupos armados o despojo de tierras: estos fueron casos que el CICR registró como desplazamientos individuales. Sin embargo, en el caso de los desplazamientos masivos, refieren que, al menos, 29.729 personas salieron de manera forzada y masiva por las mismas razones.

Según el documento, los desplazamientos se dieron, especialmente, en 12 departamentos del país empezando por el Pacífico colombiano, una zona en la que el recrudecimiento del conflicto armado se ha venido sintiendo con fuerza, sobre todo en las poblaciones rurales y ribereñas. Por ejemplo, la población costera de Nariño registró el 43 % de los desplazamientos que se dieron en todo el país.

Además de este delito, también documentaron casos de confinamiento en el país a manos de distintos actores armados o por la presencia de artefactos explosivos en zonas de pancoger de las comunidades étnicas y campesinas. En todo el país, según ellos, 19.210 personas estuvieron confinadas, de los cuales el 57 % de los casos se dieron en el Chocó.

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Sobre los casos de desaparición forzada el CICR anunció que documentaron 61 casos de este tipo relacionados con los conflictos armados. “Los hechos se reportaron en 14 departamentos, registrándose el 72% de ellos en Arauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño y Antioquia”, dice el informe, en el que además explican que el subregistro de estos casos por miedo a denunciar puede ser mucho más alto. “Esta cifra no da cuenta del número total de casos que pudieron ocurrir en el primer semestre del año, pues corresponde solo a los hechos que la organización conoció de manera directa. Esta información evidencia que en Colombia la desaparición no es un hecho del pasado, sino una realidad asociada a la violencia que continúa presente”.

Uno de los departamentos sobre el cual más expresaron preocupación fue sobre Arauca, en el que explican que pasó de tener 763 personas desplazadas de forma individual en 2021, a más de 11.000 en lo que va de este año. “La lectura de este fenómeno desde una perspectiva territorial evidencia que en algunas zonas las dinámicas se han mantenido, mientras que en otras se han profundizado considerablemente. (…) En Arauca el cual el confinamiento aumentó 10 veces respecto a todo el 2021″, se lee en el informe.

En la conclusión de su documento especifican que la situación humanitaria de estas poblaciones es grave y que es indispensable que haya una intervención para que los conflictos armados cesen. “Todos los indicadores de las consecuencias humanitarias muestran la difícil realidad que afrontan las comunidades de distintos territorios, y aun así no alcanzan a reflejar el temor, la zozobra y la desesperanza que producen los conflictos armados y la violencia en Colombia”, especificó Caraffi, el jefe de la delegación del CICR en Colombia.

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Alertas por ataques a servidores de la salud

En los primeros seis meses del año fueron asesinados tres pacientes y dos profesionales de la salud en medio del conflicto armado, según reportó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Explican, de hecho, que también se presentaron combates y presencia de artefactos explosivos en cercanías a instalaciones de salud como centros médicos, hospitales, clínicas, entre otros espacios humanitarios, específicamente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Cauca. Los dos primeros son zonas fronterizas con Venezuela.

Se refieren a esta población porque en medio de los conflictos armados la prestación de servicios de salud es fundamental para la atención de la población que está en medio de grupos armados. “Esta situación, sumada a otros eventos como amenazas contra los trabajadores sanitarios, restricciones y bloqueo de los servicios de salud, son fuente de graves consecuencias, entre ellas un número alto de dimisiones del personal sanitario, lo cual afecta la asistencia de salud en algunas de las zonas en donde hay mayor intensidad de los conflictos armados”, concluye el documento.