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Esta semana, después de 40 días de negociaciones, el sindicato de trabajadores de Miner S.A. firmó una nueva convención colectiva de trabajo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la mina El Roble. Los acuerdos van por dos años y entrarán en vigencia el 16 de octubre.
El proceso se había iniciado desde el 25 de agosto a raíz del vencimiento de la Convención Colectiva que habían firmado los trabajadores y la Multinacional minera en 2019. Fueron 20 días de negociación directa y 10 días adicionales antes de que los trabajadores se fueran a huelga. En el último día del proceso se firmó el acuerdo.
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Entre las peticiones más fuertes estaba la vinculación directa de los trabajadores que están tercerizados y no volver a usar estas empresas intermediarias que, según el sindicato, contratan a 400 de los cerca de 850 empleados que hay en la mina y no brindan estabilidad laboral. Sin embargo la empresa no cedió ante este y otros 26 puntos de los 47 que contenía el pliego de peticiones. En el ambiente quedó la inconformidad de los integrantes del sindicato y las opiniones encontradas de los carmeleños sobre el proceso de negociación.
Juan Pablo Taborda -presidente de Sintramienergética seccional El Carmen de Atrato- cuenta por qué el grupo negociador quedó inconforme y por qué continuarán exigiendo mejores condiciones laborales a la minera.
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Consonante: ¿Cuáles fueron las peticiones más importantes que le hicieron a Miner SA?
Juan Pablo Taborda: Hay muchas peticiones. Lo principal que había era lo salarial porque es lo que uno necesita para sobrevivir, para suplir las necesidades más básicas. Nosotros estábamos pidiendo un aumento del 25 % para negociar. Por eso se presenta un pliego, para tratar de llegar a un acuerdo.
También estaba la parte de la inestabilidad laboral, porque la empresa tiene muchas tercerizadoras pero ese punto no lo pudimos conseguir en esta negociación.
Además, estábamos pidiendo que se diera un salario de ingreso a la empresa. Es decir, que cuando el trabajador entrara tuviera un mínimo salarial, y una tabla de sanciones.
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Y otros temas como becas completas para el núcleo familiar de los trabajadores, viáticos para cuando nos trasladan a Medellín por servicios de salud y auxilios odontológicos.
C.: De esas peticiones, ¿qué se acordó finalmente?
JPT.: Para que la gente entienda un poco la dinámica, nosotros teníamos una convención colectiva y ahí ya traíamos varias cosas. Entonces lo que podemos decir es que se mejoraron varias cosas de lo que ya estaba incluído en esa convención.
Entre esas, se acordó un aumento del 50 por ciento del auxilio para estudios. Es decir, son alrededor de 1.800.000 cada uno para estudios superiores. También logramos que se dieran 20 auxilios y que la plata que no se gaste de esos 20 se pueda distribuir entre los beneficiarios. Entonces podríamos decir que los hijos de los trabajadores al menos podrían tener el monto de una beca completa. Antes había 16 y el monto era solo de 1.200.000 y no se distribuían los montos que no se usaban.
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Para hacer carreras técnicas, preescolar y otras hay otros auxilios, que corresponden a montos anuales. Son muy bajitos, pero finalmente en algo coincidimos: Se logró que aumentara en un 27 por ciento. En la parte de salud también se lograron beneficios, así como lo de los viáticos.
En el salario logramos aumentar el 16 %.
C.: ¿Cómo beneficiará está convención colectiva a los trabajadores?
JPT.: Lógicamente en la parte salarial los va a beneficiar porque van a tener mejores ingresos, mejor capacidad adquisitiva. Y no solamente a los trabajadores, sino a la misma comunidad, porque fue un aumento sustancial. También los auxilios, todo eso cambia significativamente la vida de los trabajadores.
Sin embargo, el aumento no es lo que se quisiera por parte de una minera, porque es un trabajo de alto riesgo que trae perjuicios para la salud a largo plazo.
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C.: ¿Entonces qué quedó pendiente?
JPT.: Muchas cosas. El pliego tenía 47 puntos, de esos 27 eran nuevos. El resto eran puntos de la convención que queríamos mejorar. Todos los de la convención mejoraron. Y de los nuevos realmente ninguno se logró. Solamente se logró mejorar lo que ya teníamos.
Ahora tenemos mejores beneficios para la asociación sindical: 30 permisos por año, y el tema de educación, salud y alimentación que también estaba ahí.
C.: Tengo entendido que una de las peticiones más fuertes que hacían era ampliar la duración de los contratos laborales y eso no se logró. ¿Cómo interpretan esto?
JPT.: Es una empresa muy agresiva, una empresa antisindical, una empresa que realmente no quiere que la organización sindical esté ahí. A través de innumerables agresiones, incluso ofreciéndole un bono grandísimo a los trabajadores, la empresa quiso minimizar nuestras peticiones. Y con esos comunicados casi que también estaba haciendo que la comunidad se viniera en contra de la organización sindical.
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Esas son cosas con las que uno tiene que pelear como sindicato y tratar, con lo que uno tiene, de llegar a un acuerdo. Pero la empresa en sí no tiene intenciones de generar verdaderas condiciones dignas para los trabajadores, ni para la comunidad de El Carmen de Atrato. Porque ahí incluso había un punto para la comunidad pero tampoco quisieron tocar nada de eso.
C.: Entonces, ¿por qué llegar a un acuerdo si hay tanta inconformidad con lo que se negoció?
JPT.: Porque no podíamos desconocer que había unas mejoras en la parte del salario, un aumento que es acorde a la situación económica del país. No podíamos desconocer eso. Una situación de negociación es bastante compleja. Ojalá le dieran a uno todo lo que pidiera, pero realmente le toca a uno medir muchas cosas.
C.: ¿Influyó en la negociación el hecho de que Miner hoy en día no tenga una licencia de explotación vigente?
JPT.: Nosotros sí considerábamos que eso iba a jugar un rol y que la empresa lógicamente iba a tomar un poquito más en serio esa situación, pero no. Cuando llegamos, la empresa estaba decidida incluso a que nosotros como trabajadores hiciéramos la huelga, nos presentó una propuesta y nos dijo que era lo único que tenían. En conclusión, no les importaba que hiciéramos la huelga.
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Nosotros no entendemos la actitud de esta empresa, que supuestamente tiene la necesidad de una licencia, pero por encima de eso agrede, amenaza e impone.
C.: ¿Qué papel cumplió el Ministerio del Trabajo? ¿El Ministerio de Minas Intervino?
JPT.: El Ministerio del Trabajo fue fundamental para llegar al acuerdo, en cualquier momento que lo necesitábamos el Ministerio estaba ahí. Este gobierno es muy distinto a como eran otros gobiernos, porque contribuyó a buscar fórmulas, y ayudó a que llegáramos al acuerdo.
En los otros gobiernos con los que hemos estado nos cerraban la puerta, querían obligarnos de alguna manera a firmar las cosas como quería la empresa. Eran más amigos de la empresa que de los trabajadores, pero aquí vimos un Ministerio más neutral, más propositivo, más abierto a los trabajadores. El Ministerio de Minas no estuvo.
C.: El alcalde Jaiberth dijo en una entrevista con Consonante que no iba a permitir que la mina hiciera lo que quisiera en el pueblo. Tengo entendido que la Alcaldía intermedió, ¿qué lectura hace usted del papel que jugó la administración?
JPT.: Él estuvo en unas tres reuniones con nosotros. Estuvo acompañando, casi que haciendo ese papel de mediador. No le vimos la intención de querernos imponer cosas, lo vimos antes muy pendiente. Estuvo atento para ayudar a solucionar, a convocar. Lo vimos muy neutro también, haciendo el trabajo de conciliador que era el trabajo que tenía que hacer.
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C.: En 2020 el Cerrejón firmó una convención colectiva en la que lograron, por ejemplo, la contratación a término fijo de 100 trabajadores que estaban tercerizados. ¿Ustedes como sindicato se han visto influenciados con ese caso o con los derechos que han reclamado otras mineras?
JPT.: Sí claro. Nosotros somos Sintramienergetica, que tiene alrededor de ocho seccionales a nivel nacional y hay unas seccionales que han tenido mejores convenciones con empresas menores, que han manejado menos ganancias. Por ejemplo en Zaragoza la empresa de esa seccional tuvo unas ganancias de 13 mil millones de pesos, y esta en el 2022 (Miner) tuvo una ganancia de 47 mil millones de pesos.
Por eso decimos que esta es antisindical, porque mire la diferencia de ganancias y la verdad la empresa si los tuvo en cuenta para dialogar, llegaron a acuerdos razonables, le dieron buenos recursos a los trabajadores. Son unas empresas muy distintas porque la de allá negocia, la de aquí es cerrada.
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Incluso ayer nos decía la gerente que por qué no nos tomamos la foto compartida, le dijimos que nos tomábamos la foto si dejaban poner el logo del sindicato en la convención y prefirió quedarse callada que poner el logo. El mensaje está claro, la empresa busca que el sindicato no esté aquí.
C.: La convención colectiva tiene una duración de dos años? ¿Qué va a pasar después?
JPT.: Siempre hemos negociado a dos años. La única vez que ha demorado más fue cuando hubo un laudo arbitral, que hubo una huelga de 77 días en el 2019. El laudo fue el que lo demoró y eso duró tres años.
Pero realmente cuando los sindicatos negocian a más de dos años generalmente pierden capacidad de poder adquisitivo, de poder reclamar, porque entre más tiempo tenga la empresa para funcionar sin problemas pues más imponen.
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Después de los dos años si Dios quiere estaremos en la misma dinámica, de volver a una negociación, de volver a presentar un pliego, todo eso.
C.: Hay gente en el Carmen que dice que lo que ustedes realmente estaban buscando era dinero. ¿Qué responde usted?
JPT.: Como sindicato hemos sido humildes y tolerantes, por no decir que somos bobos. Porque es una empresa que está en la región, es una empresa que está sacando nuestros recursos y es una empresa que está ganando miles de millones. En dos años ganó más de 110 mil millones de pesos.
Entonces generalmente cuando nosotros hacemos un pliego no pedimos plata para el sindicato. No sé si la pregunta es que estamos pidiendo plata para la junta directiva (del sindicato). No, pedimos plata para todo un colectivo e incluso en el pliego de peticiones se piden cosas para la comunidad.
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El mensaje que la empresa manda en los comunicados es eso, porque como la empresa nos da unos viáticos para negociar, dice “al sindicato le dieron 49 millones de pesos en toda la negociación”. Pero no entienden que los 49 millones de pesos son para siete personas, que somos la Comisión negociadora, y que esa plata es para nosotros poder subsistir en Medellín, porque la empresa no va nunca a negociar a El Carmen. Si la empresa fuera a negociar a El Carmen nosotros no tuviéramos que pedirle esa plata.
En la comunidad hay gente que se beneficia de la empresa. Mucha gente. Entonces cuando se le toca el bolsillo a las personas realmente no piensan sino en que a ellos les van a quitar, pero no piensan por qué nosotros los trabajadores y las personas estamos luchando y nunca se detienen a pensar o a decirle al sindicato “oigan ustedes qué es lo que están pidiendo y por qué lo están pidiendo”.
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Nosotros reclamamos para todo un colectivo, inclusive para toda la comunidad. Por ejemplo, para que se le compre a la comunidad, que se de mejor dotación al Hospital, que se arreglan las vías, que se tenga en cuenta la parte del turismo como un ingreso adicional para cuando la empresa desaparezca, que inviertan en recreación, turismo, que hayan proyectos productivos para cuando esto se acabe. Pero sobre eso Miner dijo que eso lo hacía aparte, que hacían inversión social a su manera y que iba a seguir así, que nosotros no teníamos que intervenir en eso.
C.: Entonces, ¿qué beneficios considera que deja esta negociación para la comunidad de El Carmen en general?
JPT.: Los beneficios que quisiéramos todos, unos salarios más dignos, ingresos más dignos, no se lograron en su totalidad. Pero sí sabemos que una Convención Colectiva de Trabajo va a dar una paz a nivel regional. La gente va a estar igual recibiendo sus ingresos, es la empresa más grande que hay en todo el Chocó y lógicamente eso influye.
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Siguen existiendo inconformidades de las que vamos a seguir nosotros como sindicato, y en compañía de la comunidad, muy pendientes.
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