En diciembre pasado se conocieron las irregularidades sobre el convenio firmado en agosto pasado para entregar 283 embarcaciones a pescadores artesanales y otros beneficios a comunidades pesqueras en diferentes regiones del país.
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La entidad a cargo es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), que está adscrita al Ministerio de Agricultura y su objetivo es mejorar la productividad de las comunidades pesqueras en el país; sin embargo, los hallazgos confirmaron que las acciones recientes de la AUNAP van en contravía.
El secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, confirmó que uno de los primeros hallazgos que le preocuparon sobre la AUNAP es que “el 95 % de los recursos de la entidad se contrataron de manera directa sin ningún tipo de licitación […] ni aplicación de la Ley 80 para contratar cualquier tipo de servicios”. El convenio, además, ha tenido varias prórrogas.
Puntualmente, sobre el Convenio 524 de 2024 con Red Summa, el secretario Idarraga informó que “a ojo cerrado fueron entregando el convenio por casi 15.000 millones de pesos para llevar a cabo esos beneficios”, con la agravante de que no se había adelantado un diagnóstico de las organizaciones de pescadores y “ni siquiera sabían cuáles eran las que se iban a beneficiar”, a quiénes les iban a entregar las embarcaciones y capacitaciones establecidas en el documento y, por último, “los pescadores no tenían ni idea de esas convocatorias” para recibir estos beneficios.
El funcionario señaló a la directora de la AUNAP, Karen Mejía, como la persona que entregó la orden para este convenio y por eso lidera la lista de las personas que quedará bajo indagaciones:
“El 14 de agosto, dos días después de la directora Karen Mejía ordena la elaboración de este convenio, quedó listo. La entidad, no sabemos cómo, simplemente recibió la propuesta de Red Summa y en dos días se hizo efectiva”.
Idarraga informó que hará traslado a diferentes autoridades para que investiguen desde sus competencias las sanciones correspondientes. La Procuraduría quedará a cargo de las responsabilidades de diferentes funcionarios; la Contraloría revisará la posible pérdida de recursos públicos. El secretario informó que, en el traslado de los hallazgos al Ministerio Público, además de Mejía, aparecen los nombres de Tania Peñafiel, secretaria general de la AUNAP.
Por último, la Fiscalía investigará a los vinculados con Red Summa por la contratación, sin el cumplimiento de requisitos legales. Hay que tener presente que Red Summa es una Alianza Colombiana de Instituciones de Educación Superior, y es una empresa que además ha tenido investigaciones y que, por supuesto, no tiene experiencia relacionada con embarcaciones.
De esta empresa, investigarán a Catalina Jaramillo, representante legal de Red Summa; y a los revisores fiscales de la firma Ángela Escobar, Milton Cuervo y Johana Chávez.
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Para finalizar, Idárraga quiso dejar un mensaje para todas las entidades y aseguró que “el Gobierno Nacional tiene que desterrar de su ejecución los ‘contrataderos’”, y añadió:
“En adelante, les solicito que acaten lo establecido en la Ley 80: que planeen y ejecuten a través de los mecanismos que la ley establece. Sobre las contrataciones que se llevaron a cabo y que estamos observando, rendiremos otro informe desde el propio Gobierno Nacional. […] Este Gobierno, a diferencia de los anteriores, no callará frente a presuntos actos de corrupción, incluso de este Gobierno; seguiremos señalando la impunidad que dejó el gobierno anterior, lo que está pasando con los recursos de las regalías en las regiones y lo que pasó con los recursos de la paz y de la salud”.
Como resultado de todo esto, el secretario de Transparencia solicitó a la ministra Martha Carvajalino, intervenir la AUNAP por los múltiples hallazgos identificados en el material contractual de dicha entidad. El Ministerio de Agricultura, por su parte, recordó la independencia que tienen las entidades adscritas a cada cartera.
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