El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Se cumple un mes del homicidio de Donovan Balanta Paz, un líder comunitario afrodescendiente de 34 años, cuyo deceso ocurrió luego de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en los límites entre la localidad de Ciudad Bolívar y Soacha. El caso ha generado atención, especialmente en torno a la actuación de los uniformados involucrados, desde jóvenes patrulleros hasta un subintendente y un mayor de la Policía. La investigación debe clarificar la posible responsabilidad de los policías en las agresiones que habría sufrido Balanta el 20 de septiembre, fecha en la que fue reducido, esposado y conducido a la Estación de Policía de Cazucá, según reportó El Espectador.
Durante el procedimiento, Balanta habría sido sometido a golpes e impactos repetidos con un dispositivo Taser, incluso una vez dentro de la estación de policía. Permaneció allí cerca de 20 minutos, presentando dificultades para respirar y dolor en el pecho, además de solicitar atención médica, la cual, de acuerdo a lo indagado, no fue atendida de inmediato. La necropsia concluyó que Balanta tenía lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, algunas contusiones adicionales y otras marcas físicas. El dictamen de Medicina Legal estableció como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo, aunque el análisis histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten demostrar por sí solos que las descargas eléctricas fueran la causa directa del fallecimiento.
Ya suman cinco los uniformados investigados por el caso, y recientemente se realizó una nueva captura relacionada. Entre los procesados destacan el patrullero Johathan Alexánder Giraldo, señalado de haber activado en varias oportunidades el Taser contra Balanta, junto a los patrulleros Santiago Vargas Romero y Nahumer Hernando Vergel, el subintendente Henar Tapiero Tique y el mayor Roque Correa Yáñez. La audiencia de legalización de capturas y allanamientos inició ante el Juzgado 02 Penal de Control de Garantías. Sin embargo, en una decisión relevante, el juez acogió la petición de la Fiscalía y declaró reservada la audiencia en la etapa de legalización, con el fin de proteger la integridad de la investigación, dado que se presentarán datos de potenciales implicados adicionales y pruebas audiovisuales sensibles.
Se prevé que la audiencia retome su carácter público en el momento en que se formalice la imputación de cargos, entre los que se cuentan homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con El Espectador. Por lo pronto, la vinculación de los policías no significa una condena, ya que la responsabilidad individual deberá determinarse a lo largo del proceso penal.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué cargos enfrentan los policías implicados en el caso Donovan Balanta?
De acuerdo con información reportada por El Espectador, los policías vinculados a la muerte de Donovan Balanta enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. La acusación será formalizada en audiencia, una vez esta vuelva a ser pública.
¿Por qué se declaró reservada la audiencia en el caso Donovan Balanta?
El juez de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía, declaró reservada la audiencia durante las etapas de legalización de capturas y allanamientos. El motivo, según el representante del ente acusador citado por El Espectador, es que se presentarán pruebas audiovisuales y detalles sobre nuevos presuntos implicados cuya divulgación podría afectar el curso correcto de la investigación.
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