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El presidente Gustavo Petro volvió a proponer la creación de un tribunal de cierre que acoja a todos los actores que han participado –directa o indirectamente– del conflicto en Colombia. Esta es una iniciativa reiterada del jefe de Estado que ahora entraría como un proyecto de ley radicado ante el Legislativo.
“La JEP es poderosa, pero no solamente tiene que integrar guerrilleros (…) ¿Construimos un tribunal de cierre de la verdad en Colombia, o no? Por el Acuerdo de Paz, la respuesta es sí. Entonces, ese proyecto de ley tiene que entregarse”, dijo Petro durante la conmemoración de los ocho años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.
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Las intenciones del Gobierno en este sentido aparecen cada tanto y tiene que ver con la necesidad de que exista un mecanismo judicial que pueda acoger a todos los actores armados que, por ahora, intentan negociar la paz total.
Todavía no es claro si la eventual creación de ese tribunal implicaría la desaparición de la Jurisdicción Especial de Paz y de Justicia y Paz.
Otty Patiño, consejero comisionado de paz, en septiembre pasado manifestó que el Gobierno adelantaba conversaciones con la Fiscalía para darle vida al tribunal de cierre y aseguró que también buscarían darle fin a la JEP. Después se retractó.
Es que el presidente ha sido crítico de que en siete años la JEP no avance en fallos condenatorios y tampoco en amnistías para los actores del conflicto. Para Petro, estos retrasos afectan el componente de “verdad judicial” que quedó consignado como una de las garantías del Acuerdo.
“El mandato de la JEP está en la Constitución y para realizar cambios tendrían que modificarla. Por el momento nosotros estamos cumpliendo nuestro mandato y nuestros tiempos tal y como están en la Constitución”, había dicho Alejandro Ramelli, presidente de la JEP en diálogo con El Colombiano, medio aliado de Pulzo, cuando se le preguntó por los pregones de cierre que resuenan desde el Gobierno.
La idea de Petro con el tribunal de cierre es que allí sean juzgados guerrilleros, militares, políticos, terceros civiles y narcotraficantes.
“Es la JEP poderosa, pero no solamente tiene que integrar a guerrilleros de las Farc o militares. Tiene que integrar a políticos, las terceras personas, como les dicen, paramilitares y todos los actores de la violencia que hayan sido parte del período que designó la ley hasta la fecha”, añadió Petro.
La intención de Petro con el tribunal de cierre es seducir a los grupos armados que negocian en las mesas de paz total. Es que, de momento, no hay un mecanismo jurídico que pueda acoger la eventual dejación de armas de grupos como el ‘Clan del Golfo’ o las disidencias de alias ‘Iván Márquez’.
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“La única manera de sentar a estos actores armados es ofrecerles cierta laxitud en el mecanismo de justicia porque ese es un temor permanente de ellos y un tribunal como la JEP es riguroso y cumple con todos los estándares judiciales”, indicaron fuentes al interior de la JEP.
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