El país sigue a la expectativa por la reunión que no se ha podido dar entre Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que tenía como eje central la revisión de los expedientes de cerca de 250 presos de la ‘primera línea’ que se planea queden en libertad antes de Navidad. Estas personas están acusadas de los delitos de terrorismo, tortura y daños a los bienes públicos en hechos que se dieron en el marco de las protestas del paro nacional en 2021.

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El encuentro no se pudo dar porque el fiscal Barbosa dio positivo para COVID-19, virus del que ya se curó. Precisamente, sobre el tema en discusión el funcionario habló con Semana y mostró su posición sobre lo que podría ser la liberación de varias personas de ese grupo para adquirir la figura de gestor de paz, impulsada por el Gobierno.

“Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel.  El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, expresó.

Además, Francisco Barbosa indicó que hasta el momento su despacho no cuenta con mucha información de la manera en que se hará válida la liberación de las personas privadas de la libertad: “No tengo conocimiento del decreto que reglamenta la figura del gestor de paz en Colombia y las condiciones en que se implementará. Esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y un riesgo de obstrucción a la justicia”.

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Finalmente, puso sobre la mesa su postura de oponerse a una decisión como estas y hasta le mandó una advertencia a Gustavo Petro por mostrar su intención de liberarlos antes de Navidad. 

“Las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley. Además, hay una situación de zozobra, ellos no se han comprometido con las víctimas ni con la sociedad. Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público”, comentó.