Ordenaron reabrir investigación contra 11 exmiembros de la Armada por falso positivo

Amari Zúñiga de Vásquez presenció la manera en la que más de 30 miembros de la Infantería de Marina maltrataron a su hijo Ómar Zúñiga, un joven campesino que fue víctima de ejecución extrajudicial en 1992 y por la que el Estado tuvo que pedir perdón en 2016.

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Los hechos se remontan a la década de los 90 cuando los uniformados ingresaron de forma violenta a una finca, ubicada en el municipio de San Jacinto, en Bolívar. En presencia de su mamá y cuatro hermanos, Zúñiga fue pateado y subido a un camión con un costal en la cabeza. Días más tarde resultó sin vida. Las autoridades abrieron investigación, pero la Fiscalía, en 2014, precluyó la que existían en contra de 11 militares. Once años después, la Corte Suprema de Justicia le ordenó reabrir el caso.

Todo ocurrió el 1 de junio de 1992. Los uniformados ingresaron a la fuerza al predio y sin mediar palabra sacaron a Ómar y a Amari para subirlos a un camión. Durante el traslado hacia un colegio, donde permaneció detenido un par de días, Zúñiga fue golpeado en varias ocasiones por los infantes de marina que patrullaban la zona y hacían labores de control. Amari quedó en libertad tres días después del secuestro, pero de su hijo no volvió a tener noticias, sino hasta cuando mencionaron que se encontró un cuerpo en estado de descomposición en la Base del Cerro el Capiro, en Antioquia, con varios disparos de arma de fuego.

Por estos hechos, se adelantaron investigaciones en la Justicia Penal Militar y en la ordinaria contra: el entonces teniente Henry Mauricio Rodríguez Botero, los cabos segundos Guillermo Castillo Vallecilla y Nelson Gutiérrez Tejero, así como también contra los infantes de marina Pedro Yepes Guzmán, Carlos Bermúdez Carmona, Misael Villabona López, Oslavi de la Cruz Torres, Alfonso Coronel Ortiz, Roger Argel Bravo, Jairo Becerra, Fredy Aguirre, Eder Farrayan Nieto y Carlos Castro Herrera por los delitos de tortura y homicidio. El proceso, que tuvo varios revés y se enmarcó en varios escenarios, desde aperturas de investigación a preclusiones, empezó en la Penal Militar en 1992.

Cinco años más tarde, para 1997, cerraron la investigación. La decisión fue ratificada en primera y segunda instancia por un tribunal superior militar. Así las cosas, el caso quedó concluido y cerrado en esa jurisdicción. Sin embargo, en 1999, la Fiscalía 22 del Carmen de Bolívar dio un revés a esa determinación y ordenó su apertura en indagación preliminar. Esta decisión no tuvo éxito, en diciembre de 2003, el ente acusador se inhibió de avanzar con la investigación, pero el entonces fiscal general Mario Iguarán, a través de una resolución emitida en octubre de 2006 ordenó reabrir el expediente y asignarlo a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

La decisión de Iguarán fue clave en el proceso judicial. En diciembre de 2006, la Fiscalía dijo que la muerte de Zúñiga era una violación a los derechos humanos e impuso medida de aseguramiento en una cárcel a los 11 militares investigados, pero tuvo que pasar seis años más para que fueran acusados formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura. La decisión no cobijó al infante Carlos Castro Herrera porque falleció durante el proceso judicial. El resto de los uniformados, a través de sus abogados, presentaron recursos de apelación que terminaron en que, en julio de 2012, hubo prescripción en el expediente. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2014.

La Procuraduría, entonces, le pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar el caso porque al ser un proceso que vulnera los derechos humanos y el DIH el Estado está obligado a investigar imparcialmente lo ocurrido. El Ministerio Público aseguró que las decisiones de preclusión de investigación de la Fiscalía no son equiparables a un fallo absolutorio por parte de un juzgado. Además, mencionó que la muerte de Ómar Zúñiga ya estaba siendo conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que ameritaba por parte del Estado realizar una investigación seria en donde no se desconocieran pruebas. Incluso, también trajo a colación que, en lo administrativo, el Tribunal de Bolívar, en 1999, declaró responsable al Estado por la muerte del joven campesino y su familia recibió indemnización.

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Así las cosas, con el expediente en escenarios administrativos e internacionales, la Procuraduría consideró pertinente que se debían adelantar las investigaciones en materia penal para establecer responsabilidad de los culpables del hecho. En un fallo de 57 páginas conocido por este diario, la Corte Suprema le dio la razón. Le ordenó a la Fiscalía que el expediente, que quedó en etapa de juicio, sea remitido a un fiscal diferente al que conoció el caso hace unos años. Reiteró que para construir la paz es necesario que la justicia sea imparcial, con celeridad, con eficacia y eficiencia. Además, mencionó que Colombia ya había admitido responsabilidad en el asesinato de Zúñiga.

“La Sala encuentra que el reconocimiento de responsabilidad hecho por el Estado da cuenta, de manera incontrovertible, de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos en este asunto, que vulneraron las obligaciones establecidas en la CADH y que la investigación no se adelantó con total respeto del derecho del debido proceso, pues se decretó la prescripción de la acción penal dentro de un procedimiento que hasta el momento no ha sancionado a los responsables de los hechos objeto de investigación, lo que motivó que el Estado se comprometiera a darle trámite a la presente acción de revisión”, dice el fallo.

La Corte aclaró que la decisión busca que se reanude la investigación con el fin, no solo de cumplir con las obligaciones internacionales, sino hallar a los responsables del asesinato, pues en este caso en particular no existen condenas por el hecho. En 2016, el Estado colombiano pidió perdón público por el asesinato de Zúñiga. En ese entonces tomó la vocería el ministro de Justicia, Jorge Londoño Ulloa. “Me permito reconocer la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la vulneración de los derechos a la vida del señor Omar Zúñiga Vásquez”, dijo el entonces jefe de la cartera.