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En medio de crecientes preocupaciones por los vínculos entre empresas de vigilancia y estructuras criminales, el presidente Abelardo de la Espriella ha tomado medidas contundentes. En palabras dirigidas al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero Ariza, insistió en la necesidad de “perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”, según información citada por El Espectador. Esta posición se da en un contexto donde la legalidad y la supervisión en el sector de seguridad privada están bajo la lupa.
Raquel Garavito Chapal, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Empresas de Seguridad (FedeSeguridad), declaró a El Espectador que el gremio respalda las recientes decisiones del Gobierno Nacional. El sector agrupa compañías que generan cerca de 400.000 empleos según cifras oficiales, y representa aproximadamente el 1,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale a 21 billones de pesos colombianos. FedeSeguridad, con una trayectoria de 14 años, reúne tanto a empresas nacionales como multinacionales dedicadas a la vigilancia privada, el transporte de valores, monitoreo y servicios de escolta.
Garavito Chapal identifica una preocupación fundamental: la existencia de empresas que actúan ilegalmente bajo la fachada de compañías de vigilancia. Estas entidades carecen del registro necesario, ignoran los procedimientos exigidos para el manejo de armas o emplean personal sin las debidas acreditaciones, lo que afecta a las organizaciones formales. En 2025, las autoridades detectaron una red de compañías que, presuntamente, facilitaba armas y documentación a grupos armados ilegales, una situación que motivó a FedeSeguridad a insistir en la importancia de robustecer la acción estatal.
La líder gremial subrayó la urgencia de fortalecer la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta entidad, según FedeSeguridad, prioriza actualmente la tramitación de licencias sobre la supervisión y el control efectivo del sector. Además, se resaltó la necesidad de agilizar trámites y mejorar los procesos de control previo, pues el 60 % de las empresas cerradas por ilegalidad en el gobierno anterior habían obtenido licencias durante la misma administración.
Respecto a las más de 62.000 armas vinculadas a empresas de vigilancia inactivas, Garavito explicó que en Colombia las armas son de propiedad estatal y deben permanecer bajo custodia si el permiso no está vigente, siguiendo normas claras. Por otro lado, la falta de recursos y la planta congelada desde 2007 dificultan la modernización de la Superintendencia, la cual aún depende de procesos manuales y presenta trámites duplicados.
FedeSeguridad propone mejorar la interoperabilidad con la fuerza pública. Si bien dejan claro que no buscan suplantar el rol de instituciones como la Policía o el Ejército, sugieren que el sector privado apoye tareas específicas, dado el déficit actual de personal en estas entidades.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los principales problemas de supervisión en las empresas de vigilancia privada en Colombia?
De acuerdo con las declaraciones de FedeSeguridad citadas por El Espectador, los principales inconvenientes radican en la existencia de empresas ilegales que operan sin cumplir los requisitos de registro, control de armas y capacitación del personal. Además, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada afronta dificultades por trámites excesivos y una planta laboral congelada desde hace años, lo que limita el control efectivo sobre las compañías.
¿Qué papel propone FedeSeguridad para la seguridad privada frente a la fuerza pública?
Según Raquel Garavito Chapal, FedeSeguridad no pretende reemplazar a la fuerza pública sino respaldarla en funciones específicas. La idea es que la seguridad privada pueda colaborar en tareas puntuales, especialmente ante el déficit de personal en entidades estatales, manteniendo siempre la responsabilidad principal de la seguridad urbana en manos de la Policía y el Ejército.
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Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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