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En la subregión del San Juan, sur del Chocó, hay 41 comunidades afro y 11 indígenas confinadas por las acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En total, según la Defensoría del Pueblo, son alrededor de 8.300 personas. Además, hay seis comunidades que están desplazadas. De acuerdo con el Consejo Comunitario General del San Juan (Asocasan), algunos de estos grupos de personas desplazadas llegaron a comunidades que hoy tampoco pueden moverse libremente en sus territorios por cuenta del paro armado que el Eln decretó el 4 de julio.
Este anuncio circuló a través de un audio en el que el comandante “Gerson”, del Frente de Guerra Oriental, ordenaba cesar la movilidad en ríos y carreteras del San Juan. Esto sucedió apenas dos días antes de la fecha en la que tanto la guerrilla como la Fuerza Pública acordaron cesar todas las acciones ofensivas entre ellos, como una preparación al cese al fuego con el Ejército que comenzará el 9 de agosto.
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El paro agrava la situación en la que se encuentran las comunidades: los alimentos empiezan a escasear y las personas que necesitan salir, por situaciones de salud, no lo hacen. Ante esto, la Mesa Humanitaria y Construcción de Paz del Chocó, a través de un comunicado, llamó a acatar el Derecho Internacional Humanitario para que “las partes en conflicto faciliten el paso rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria”. Esto, sobre todo, en los municipios de Sipí, Nóvita e Istmina. Como respuesta, este 7 de julio el Eln anunció que abrirá un corredor humanitario diurno el 9 y 10 de julio para que la población “pueda abastecerse”.
En otros territorios, donde el Eln mantiene el control, la situación es distinta. Por ejemplo, en Tadó la población urbana no siente el paro aún, pero algunas personas saben que en los próximos días, si se prolonga, habrá consecuencias. “Por los paros nos sentimos correteados. Cuando hay un paro todas las cosas suben, pero no bajan”, dice Gregorio Palacios, un tadoseño dedicado a la minería. Mientras tanto, el tránsito de vehículos en la vía Tadó – Pereira fluye con normalidad.
En la zona rural del municipio, los pueblos indígenas llevan varias semanas sin poder entrar libremente a sus territorios por temor a pisar una mina antipersonal o encontrarse con la guerrilla. Una situación que ya acumula varios meses. Además, ha habido reclutamiento forzado de menores indígenas. Según una fuente del territorio, en días pasados la guerrilla del Eln se llevó a dos jóvenes y aunque la guardia intentó buscarlos, no pudieron recuperarlos. Las autoridades evalúan qué acciones tomarán para proteger a los jóvenes.
Todo esto encarna la alerta que desde hace varios meses lanzaron las organizaciones sociales: para aliviar la situación de las comunidades es necesario un cese multilateral de hostilidades.
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La técnica de guerra del Eln
La semana del 26 de junio en la revista Insurrección, el Frente de Guerra Occidental del Eln afirmó que había connivencia entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares, un hecho que “incrementa la violencia y el desplazamiento forzado”. Un día después, el primer comandante de esta guerrilla, Antonio García, afirmó en Twitter que la Fuerza Pública, a través de las alianzas con estos grupos, lanzarían “acciones con el propósito de desalojar al Eln de los territorios y quedarse con ellos”. Luego, decretaron el paro armado.
Para Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la organización Conflict Responses (Core), una explicación para esta decisión es que el Eln cree que el Clan del Golfo puede aprovechar el cese para ampliar y mejorar su posición de combate frente a ellos. “Yo creo que ellos están evaluando ese riesgo y con el paro armado buscan evitar que eso pase”, dice.
Olaya explica que, en la lógica del conflicto, esta es una consecuencia de que no se haya acordado un cese multilateral. “El otro actor (las Agc) está con un movimiento bastante alto, y ese es uno de los efectos para mí de hacer un cese al fuego bilateral y no multilateral. Cuando tú involucras a todos en un cese es mucho más fácil disminuir el impacto humanitario claro, y eso no está pasando”.
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Esta movida del Eln pone en duda la voluntad de paz de una guerrilla que se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno. “Cuando se anuncia un cese de algún tipo, unilateral o bilateral, uno espera una especie de gradualidad para llegar al cese, que previo al inicio empiecen a disminuir las acciones, pero en la lógica militar es todo lo contrario”, explica Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz.
“Lo que vemos es que el tipo de acciones que han estado ocurriendo son acciones tradicionales del repertorio del Eln: secuestro, ataque a fuerza pública y paro armado en la región donde además más paros armados han anunciado en el tiempo reciente”, agrega. En parte, esta escalada de violencia tiene como fin demostrar que su poder y control territorial sigue vigente: “si ellos cumplen el cese al fuego es más evidente cuando contrasta con un periodo de muchas acciones, pero también es importante mostrar que ellos cesan al fuego porque así lo acordaron pero no porque estén obligados o disminuidos”, dice la investigadora.
Protocolos y acciones defensivas: lo que falta por definir.
Para el 9 de agosto, fecha en que está previsto que se inicie el cese al fuego, ya deberían estar definidos varios puntos, como las acciones prohibidas dentro del cese, el protocolo de verificación de la iglesia y la participación de la sociedad civil, y cuáles son las acciones defensivas permitidas.
Para Ángela Olaya es clave que este último tema avance en los próximos días, pues será lo que pueda evitar confrontaciones. “En el cese anterior, que duró 101 días, el protocolo era muy ambiguo. Acá la clave va a ser que el mecanismo sea lo suficientemente robusto para que no se preste a ningún tipo de interpretación. Además, va a ser clave la capacidad que tenga la fuerza pública y el Eln de hacerle entender a cada una de sus fuerzas cuáles van a ser los elementos defensivos”. Olaya considera que el reto en este momento lo encarna el secuestro.
“Para la Fuerza Pública dentro del cese y dentro de las acciones ofensivas está el tema de DIH, pero Antonio García dijo en Twitter que las acciones defensivas no necesariamente excluían al secuestro. Entonces creo que si logran definir y hacerle caer en cuenta al Eln que el secuestro sí o sí entra en los prohibidos, pues no es acción defensiva, se puede avanzar. El secuestro como acción defensiva no tiene sentido”.
Mientras los protocolos avanzan, la población sigue esperando que llegue ayuda humanitaria, es decir, comida, medicamentos y elementos de aseo. Pero, sobre todo, que el paro se levante y los diálogos avancen, ojalá con todos. “Para que haya paz y más tranquilidad la idea es que pueda negociarse con todos los grupos, porque uno deja de generar violencia, pero el otro no”, dice una ama de casa de esta región.
De manera puntual, Acadesan le pidió al gobierno nacional que destine el dinero para la gasolina que necesitan las lanchas que entregó la Unidad Nacional de Protección al Consejo Comunitario, pues ahora mismo no tienen cómo ir a verificar información en las veredas, transportar enfermos ni alimentos. Además, desde las comunidades indígenas solicitan que lleguen ofertas para contrarrestar el reclutamiento. “Aquí necesitamos fortalecer los colegios, no pueden seguir reclutando menores de edad”, dice un líder que prefiere que se resguarde su identidad.
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