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La Contraloría General de la Nación emitió una alerta por la compleja situación financiera que están atravesando las universidades públicas en el país, ya que las deudas superan los 8 billones de pesos en solo tres de ellas: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, con corte a diciembre de 2024. El Gobierno Nacional, sin embargo, insiste en que se necesita una nueva ley de financiamiento.
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Puntualmente, las tres instituciones acumulan un pasivo pensional que asciende a 8,3 billones de pesos. El más importante es el de la Universidad Nacional, que es de 4,5 billones de pesos. En ese sentido, el ente de control hizo un llamado “para que las entidades del nivel central giren oportunamente los recursos de concurrencia (aportes de la Nación) para atender los pagos de los pensionados de estas entidades”.
Asimismo, la Contraloría subrayó que es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, debido a que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estos gastos.
¿En que consisten las deudas de las Universidades Publicas?
Entre los aspectos que preocupan a la Contraloría relacionados con las finanzas de estas universidades están los efectos del régimen salarial y prestacional de los docentes, el cual permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica de los profesores. “Los costos anuales crecen a un ritmo importante, mientras que los recursos presupuestales asignados para sufragar estos gastos no siguen la misma dinámica“.
Un caso para destacar es el de la Universidad de Antioquia, que en el 2017 reconoció un Valor Anual de los Puntos Asignados de los docentes por $10.364 millones, mientras en el 2024 este valor ascendió a $18.239 millones, lo que significa un crecimiento del 76 %.
Otro aspecto que afecta de manera importante la salud de las finanzas de las universidades públicas, según el ente de control, es la política de gratuidad en las matrículas, ya que, a partir de su reglamentación a través del Decreto 2271 de 2023, las instituciones de educación superior no reciben el 100 % de los ingresos por concepto de matrícula antes del inicio del respectivo semestre académico. La Contraloría señaló que reciben un primer giro del 80 % al inicio del semestre y un segundo giro del 20 % luego de la validación de datos por parte del Ministerio de Educación.
El vicerrector de la Universidad Nacional asegura que la institución sí acumuló esta deuda de 4,5 billones de pesos de pasivos pensionales históricos. Sin embargo, reconoce que hoy necesitan más recursos para mejorar el funcionamiento. “Se muestra la necesidad que tiene hoy la universidad de recursos cercanos a 1,4 billones de pesos para que pueda seguir aumentando su cobertura y pueda seguir aumentando el número de cupos que se ofrece”, dijo a Noticias Caracol Andrés Felipe Mora, vicerrector de la institución.
El llamado se extiende a la Universidad de Antioquia, en donde la comunidad académica también lanza un SOS para que se garantice el presupuesto futuro de la educación superior. “Lo que queremos es que se haga una política de Estado y que haya una verdadera reforma al modelo o a la ecuación que permite la corrección de la línea base presupuestal de las universidades”, aseguró Jesús Francisco Vargas, vicerrector de la Universidad de Antioquia.
¿Qué responde el Ministerio de Educación?
Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, le indicó a Noticias Caracol que “se han venido girando los recursos” y, particularmente en el caso del gobierno de Gustavo Petro, “se ha comprometido a través del Plan Nacional de Desarrollo a un aumento de las finanzas de las instituciones públicas”.
Ante la pregunta de si están en riesgo los programa que aseguran una matrícula gratuita, o el mismo incremento salarial de los docentes, Moreno indicó que no: “Hay que decir que la ley ha determinado la Política de Gratuidad como una política que debe mantener una permanencia”.
Según el Ministerio, este año el sector de educación superior tiene garantizados 12 billones de pesos del presupuesto de la Nación para la continuidad de programas académicos.
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