En medio del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un mecanismo de carácter temporal para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y social colombiano.
EL PILÓN dialogó con la coordinadora de la Comisión en la región Caribe, Ana María Ferrer Arroyo, sobre el proceso que realizó la entidad en el departamento del Cesar.
¿Cómo operó la Comisión de la Verdad en el departamento del Cesar?
Teníamos una de las casas de la Verdad en Valledupar. El informe se construyó con base en la escucha de entrevistas individuales y colectivas no sólo a las víctimas, que son el eje central, sino también a las guerillas, autodefensas, miembros de la fuerza pública, empresarios, periodistas, sindicalistas, mujeres, campesinos, políticos, reincorporados, población LGBTI+ y una pluralidad de voces para construir una verdad más completa.
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Entre el Cesar y La Guajira se realizaron 530 entrevistas y eso nos ayudó a tener claridad sobre lo ocurrido en los dos departamentos. El despliegue de escucha fue satisfactorio y esas voces ayudaron a construir el informe que hoy entregamos al país.
¿Qué destaca de este proceso?
Dejamos un legado por la verdad, pero también nació el ‘Pacto por la búsqueda de personas dadas por desaparecidas’, porque el Cesar tiene 3.700. Ese pacto lo motivó el Sistema Integral de Búsqueda, pero lo firmaron 120 personas que representan universidades, organizaciones de víctimas, firmantes, campesinos, entre otros, de la región.
Ese pacto se tiene que movilizar porque la búsqueda en el Cesar está incipiente y le falta mucha organización, por eso esperamos que la sociedad continúe el legado.
¿Cómo conciben la verdad desde la Comisión?
Intentamos construir una verdad más completa: que no sirva para señalar, juzgar ni para que se profundice el conflicto, sino para interpelarnos como sociedad y reflexionar sobre lo que ha ocurrido, que es muy grave.
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Según los relatos obtenidos, ¿en qué periodo se agudizó el conflicto en este departamento?
Nosotros logramos hacer una línea de tiempo bastante importante porque el mandato de la Comisión va desde 1958 hasta que se firmó el acuerdo en 2016.
Cuando revisamos la historia nos dimos cuenta que en las décadas del 60 y 70 habían incipientes movimientos sociales y campesinos, toma de tierras y todo eso […], la época difícil comenzó en los años 95-96.
Pero lo que se ve en las estadísticas es que el conflicto se agudizó entre 2001, 2002, 2003 […], porque hubo más masacres, más secuestros y desplazamientos con la aparición de los paramilitares.
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¡Fue la década del horror! Las masacres en el Cesar fueron bastante altas, como las que se dieron en el corregimiento Estados Unidos, municipio de Becerril; Mariangola, Astrea, Curumaní […] Hicieron que las personas salieran de esos territorios y quedaran desarraigadas.
El Cesar también es uno de los departamentos con más hectáreas de tierras despojadas.
Después de la presentación del informe, ¿qué viene?
Es importante que el informe de la Verdad, que es muy grande, con 11 capítulos, lo cuenten los medios de comunicación. Ahora viene un proceso de socialización y se liquidará la Comisión porque somos una entidad temporal.
¿Hay algún miedo por esa liquidación?
El miedo está latente entre los campesinos y campesinas porque la persistencia del conflicto está en la Sierra Nevada, Serranía de Perijá y los Montes de María.
El país está viviendo un momento de repetición, por lo que esperamos que el Gobierno y sus entidades puedan implementar las recomendaciones que hacemos para que comience a disminuir el impacto del conflicto, aunque no es una fórmula mágica, pero se puede lograr un mejor país.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.
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