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Con el fin de salvaguardar la seguridad, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Gobierno nacional que cuide a todas las comunidades con una mayor presencia de fuerza pública. 44 tuvieron lugar en los municipios de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro y San Carlos.
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Con estos hechos aumentó la vulneración de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la población civil en Córdoba y tiene en alerta a todos los organismos del departamento por el asesinato de 130 personas entre enero y junio de este año.
Según el ente público, los homicidios y otros hechos de violencia son producto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidos como el Clan del Golfo.
Las investigaciones de las autoridades explicaron que seis frentes y tres bloques de este grupo criminal, han sido los causantes de la situación de violencia en esa zona. Además, de que por medio del terror y el temor infundido en las comunidades, desarrollan sus planes delictivos.
“El asesinato de 126 personas en los primeros seis meses del 2023 en el departamento, 44 de los cuales ocurrieron en los municipios de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro y San Carlos, evidencia la materialización de lo que hemos advertido por medio de nuestras Alertas Tempranas”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. Entre los que se encuentra el caso del militar asesinado en sus días de descanso.
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Así mismo, la Defensoría explicó que por medio de una alerta temprana a comienzos del mes de marzo, se advirtió sobre posibles atentados en contra de alrededor de 100 personas residentes en áreas rurales de Chimá, Ciénaga de Oro, San Carlos, Sahagún, municipio envuelto en polémicas, y Chinú.
En esos municipios circularon varias versiones sobre la existencia de un listado en el que las personas fueron declaradas ‘objetivo militar’ por un supuesto grupo de justicia privada. Este grupo, al parecer planeaba, a través de la instrumentalización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pretendía asesinarlas por estar, a su juicio, involucradas en casos de abigeato.
“A la situación de riesgo permanente se suma el hecho de que la justicia no muestra avances significativos que apunten a ponerle freno a la andanada de crímenes”, señaló el defensor Camargo.
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Además de los hechos de violencia, el ente público también mostró gran preocupación por el aumento en el pago de extorsiones en esa zona del país. Una situación que impacta a la población en general y en especial a contratistas de obras públicas, declarados en ocasiones blanco de su actuar criminal.
“Esta situación priva a las comunidades de acceder a los bienes y servicios otorgados por el Estado y les genera pánico día y noche. Están siendo expuestas, en todo momento, a la vulneración de sus derechos”, afirmó el defensor.
Según la Defensoría del Pueblo, 401 personas fueron asesinadas durante el 2022, 62 más que en el 2021, lo que se traduce en un incremento del 18.29%. “Hacemos un llamado vehemente a las autoridades a fortalecer los planes de acción, basados en las recomendaciones que hicimos a través de las Alertas Tempranas, con el fin de salvaguardar la vida de las comunidades en el departamento de Córdoba”, concluyó el defensor Camargo.
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