Los siete soldados regulares del Ejército Nacional ya habían aceptado cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y la Fiscalía confirmó que seis de ellos deberán pagar una pena de 16 años de cárcel.
Entre tanto, el organismo detalló, en un comunicado, que al otro uniformado le aplicaron una condena de 8 años de prisión por haber sido procesado en calidad de cómplice, y lo identificó como Luis Fernando Mangareth.
Los otros implicados en el abuso sexual a la menor de 12 años, en hechos que ocurrieron el 21 de junio de 2020 en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda), son Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil y Deyson Andrés Isaza.
La Fiscalía detalló que luego de adelantar más de 160 acciones investigativas, se pudo evidenciar “la participación de estos militares en la agresión sexual a una niña de 12 años”, caso que estremeció al país ya que en un principio los mismos implicados trataron de minimizar los hechos.
Soldados de Ejército minimizaron caso de abuso a niña, de 12 años, en Risaralda
Esto, porque según el sargento Juan Carlos Díaz, que fue el que denunció lo sucedido, los uniformados le dijeron que la menor supuestamente había estado de acuerdo.
“Dicen que ella tuvo la relación con los soldados con consentimiento de ella, más no que la cogieron, como dicen, que fue obligada y los 7 a la vez. Esa es la versión que dan los soldados cuando hablan allá en la Fiscalía “, reveló Díaz en una entrevista con Blu Radio.
Esta denuncia, de acuerdo con lo dicho por el suboficial, le costó su cargo en el Ejército, por lo que hizo un pronunciamiento contra el comandante del Ejército.
No obstante, la menor entregó un desgarrador testimonio en donde aseguró que eran nueve personas y que “todas lo hicieron”.
“Uno de ellos me tapó la boca para que no gritara, ellos me decían que no le dijera a nadie, que eso era un secreto”, agregó la menor.
Al final, los soldados denunciaron que “sus superiores” presuntamente los obligaron a cambiar la versión, y la Procuraduría les aplicó la máxima sanción.
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