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Una polémica en redes sociales generó la compra de 31 camionetas 4×4 que ordenó, el pasado mes de diciembre, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. La adquisición costó $6.246 millones y fue encargada a la Unión Temporal Motorysa-Casatoro.
Según algunos críticos del Gobierno, se trata de un gasto que desentona con el compromiso de austeridad de las entidades públicas. “31 camionetas nuevas en Cancillería, viajes en helicópteros militares, mil millones en maquillador y masajista privado, y un largo etcétera.
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No solo no conocen la austeridad, creen que la plata del Estado es de ellos y se comportan como nuevos ricos”, aseguró Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia.
31 camionetas nuevas en Cancillería, viajes en helicópteros militares, mil millones en maquillador y masajista privado, y un largo etcétera.
No solo no conocen la austeridad. Es que creen que la plata del Estado es de ellos y se comportan como nuevos ricoshttps://t.co/Edljy5jAMT— Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) January 11, 2024
“Por lo menos se les tiene que abonar que están cumpliendo con lo que prometieron, en ‘el cambio’ están viviendo sabroso”, dijo el exrepresentante uribista Jaime Felipe Lozada. En respuesta a los cuestionamientos, la Cancillería aseguró que es un proceso normal para cambiar el parque automotor de la entidad.
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El principal argumento para la compra es el tiempo de uso que tendrían los vehículos que actualmente utiliza la Cancillería, pues según informaron superarían ampliamente los seis años que dispone la ley para el funcionamiento de vehículos oficiales. Así mismo, la entidad informó que las nuevas camionetas se usarán para transportar a los funcionarios directivos y a las delegaciones diplomáticas.
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De acuerdo con informes de la Contraloría General de la República, se ha observado un uso no siempre eficiente de los carros asignados a instituciones gubernamentales, generando preocupaciones sobre el manejo de los recursos públicos.
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En varios casos, se ha señalado el uso inadecuado de estos vehículos, como el transporte de personal no autorizado o su asignación a funcionarios que no justifican plenamente su necesidad. La Contraloría ha subrayado la importancia de implementar medidas de control y seguimiento para garantizar que la flota de vehículos de entidades públicas cumpla con los principios de eficiencia y transparencia
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