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El canciller suspendido Álvaro Leyva, quien estará fuera de su cargo durante tres meses, no asistió a la audiencia de juicio disciplinario programada este 15 de febrero en su contra. La Procuraduría delimita su responsabilidad por el lío del contrato de pasaportes que declaró desierto el año pasado y que, si no fuera por su “no”, hubiese quedado en manos de la firma Thomas Greg and Sons. El órgano de control lo investiga por dos cargos, por lo que consideran una mala gestión pública del contrato.
Una vez instalada la audiencia, la defensa de Leyva, que había interpuesto una tutela, representada por el abogado Yefferson Dueñas, presentó una recusación contra el procurador del caso, Ernesto Jesús Espinosa, por lo que considera la causal de “enemistad grave” y buscando que el funcionario judicial quede por fuera del caso. Cuando los periodistas preguntaron Dueñas a qué se refería exactamente, respondió: “porque el ministro Leyva es parte del Gobierno”. El procurador Espinosa se tomó una hora para responder a la recusación.
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La entidad dirigida por Margarita Cabello lo tiene en juicio por haber declarada desierta la “licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Leyva, no obstante, se ha defendido asegurando que, si no declaraba desierta la licitación, hubiese quedo en manos del único contratista que, al final, presentó una oferta formal ante la Cancillería.
Aun así, Leyva gestionó un contrato de urgencia manifiesta para no dejar a los colombianos sin pasaporte, que se acordó con la misma firma Thomas Greg, la cual durante los últimos años se encargó de ese servicio para la Nación. Sin embargo, la Procuraduría le reprocha haber decretado “la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”.
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Cuando la Procuraduría llamó a juicio a Leyva, además, lo suspendió de su cargo durante tres meses, sin derecho a remuneración. Aseguró que era una medida proporcional para evitar un peligro futuro, dado que según las pruebas recaudadas, Leyva actuó contrario a lo que le pedía su propio comité de contratación, la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No obstante, esta semana el suspendido canciller presentó una tutela por su derecho al debido proceso y al trabajo, que está en el conocimiento de un juzgado, con el objetivo de volver al puesto.
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