Desde cuando el presidente Iván Duque sancionó la ley que establece la cadena perpetua para los violadores de niños en Colombia, varias voces se alzaron en contra, pero ahora surge un argumento que sí podría hacer que esa norma se caiga en la Corte Constitucional.

Al grave error que se cometió en el trámite en el Congreso, que consistió en que los textos del acto legislativo No. 01 del 22 de julio de 2020 —que modifica el artículo 34 de la Constitución y suprime la prohibición de la pena de prisión perpetua y establece la prisión perpetua revisable— fueron firmados por los expresidentes del del Senado Lidio García y de la Cámara Carlos Cuenca, pese a estar fuera del cargo, se suma otro que señala el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Andrés Felipe Caballero, miembro de la junta directiva de ese Colegio, recordó en primera instancia que los actos legislativos (reformas constitucionales) solamente pueden revisarse por vicios de forma, no de fondo.

“Sin embargo, más allá de los vicios en el procedimiento que se han encontrado, por lo cual el Colegio de Penalistas solicita que se declare la inconstitucionalidad, hay un vicio de forma que parece ser de fondo, pero en realidad sigue siendo de forma”, dijo Caballero en Caracol Radio.

Ese vicio, explicó Caballero en la emisora, es por carecer el Congreso de la República de competencia para sustituir la Constitución.

El Congreso de la República, como constituyente derivado, tiene unos límites que no tiene el constituyente original (el pueblo colombiano) en 1991, que no puede cambiar ni siquiera parcialmente algunos ejes definitorios de la Constitución —detalló el jurista—, como el modelo de Estado social de derecho, el principio de dignidad humana, la obligación de garantía, promoción y respeto de los derechos humanos, que obligan a que el Estado colombiano siempre busque con la pena resocializar a los infractores”.

Para Caballero, se está imponiendo una cadena perpetua “inútil”, porque, “además está comprobado, no va a resocializar a ninguno de los infractores”. “Este es un vicio que parecería ser de fondo, pero en realidad es de forma, porque es una cuestión de competencia. Y aunque el trámite hubiese sido perfecto, aunque se hubiese cumplido con todos los debates, que se hubiese reunido todo el quórum, que las votaciones hubiesen sido perfectas, pues resulta que todo el trámite es inválido desde su nacimiento, porque el Congreso de la República carece de competencia para llegar a ese límite”.

“Sin duda alguna, esos límites se han sobrepasado, y sigue siendo un vicio de forma por un tema competencial”, precisó Caballero.

Recordó también que en Colombia ha habido una tendencia a aumentar las penas, “y eso nunca funcionó”. En Colombia, agregó Caballero, “no ha disminuido la comisión de los delitos. Eso, y otras razones, lo que nos demuestra es que el aumento de las penas no es lo que va a disuadir al delincuente. La solución no está en aumentar la pena”.

La solución, en concepto del Colegio de Penalistas, está en hacer que la pena sea certera. “El delincuente se va a disuadir cuando nosotros aumentemos la probabilidad de aprehensión del delincuente. Es decir que el delincuente no tenga una alta expectativa de impunidad, sino que diga: ‘Si yo cometo un delito, aunque la pena sea de 10, 15 o 20 años, es altamente probable que me capturen, que me juzguen y que me condenen’”, dijo Caballero.

A este respecto, el abogado Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y miembro del equipo periodístico de la emisora, agregó: “Dentro de un vaticinio jurídico legal, por los antecedentes de los magistrados y lo que han dicho en el pasado, yo creo que podría ser probable que la cadena perpetua para violadores de menores se cayera”.