El texto aprobado en la plenaria del Senado entrará en vigencia desde el momento en que sea sancionado, es decir que no aplicaría a los delincuentes que ya han sido condenados por estos delitos.

El proyecto estipula que cumplidos 25 años en prisión los sentenciados tendrán la posibilidad de solicitar la revisión de la cadena perpetua. Los jueces entrarán a evaluar cada caso y podrán modificar la pena de acuerdo al comportamiento, al trabajo o estudio que haya adelantado el recluso.

Para senadores de la oposición como Roy Barreras, ese beneficio podría aplicarse a casos como el de Rafael Uribe Noguera, que cumple una sentencia de 58 años de prisión por el crimen contra Yuliana Samboní.

Rafael Uribe Noguera

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Sin embargo, el senador Miguel Ángel Pinto negó que eso fuera así, pues dijo en el debate que esa revisión solo se podrá hacer sobre la cadena perpetua; es decir, no se podrán revisar condenas actuales porque ninguna ha sido fijada para prisión de por vida, pues esa sanción no existe y no está aprobada en las leyes colombianas.

“Que personas como Garavito o como Rafael Uribe Noguera van a salir libres a los 25 años por conducto de este proyecto… eso no es cierto. […] Ellos tienen todos los recursos que hoy otorga la ley como el recurso de apelación, de revisión, de casación, etc.”, explicó Pinto en la sesión.

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Pero ese no ha sido el único reparo de Barreras, pues también asegura que los menores saldrán perjudicados porque el proyecto incita a los violadores a terminar asesinando a los niños:

“Está imponiendo la misma pena perpetua al violador que al asesino. Como no hay ninguna diferencia, al criminal le parece mejor negocio matar al niño para no dejar testigo. Es la misma pena si lo capturan. Lo que hará es estimular mayor número de asesinatos”.

Estos son sus argumentos:

La iniciativa detalla que la cadena perpetua, además de revisable, sería “excepcional” para que los jueces decidan si otorgan o no esa sentencia al autor de estos crímenes teniendo en cuenta agravantes como la reincidencia o la sevicia.

Mientras tanto, 9 senadores de la oposición aseguran que la aprobación que hizo la Comisión Primera del Senado en el séptimo debate de este proyecto es inconstitucional porque la recusación que se presentó el lunes no fue atendida por la Comisión de Ética de la corporación y porque se votó sin la presencia de la oposición.

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