
La constructora Amarilo, una de las más conocidas en Colombia, ha presentado recientes choques con la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (Aopa) por el adelanto de obras en el proyecto Lagos de Torca, pues han surgido serios debates alrededor de los estudios acústicos y la altura específica de los edificios con los que deben contar estas instalaciones, por su cercanía con el aeropuerto.
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Y es que, acorde con el diario La República, en el plan se incluye un proyecto urbanístico de cerca de 1.800 hectáreas que pretende construir 130.000 viviendas multiestrato en el norte de Bogotá. El problema radica en que, según la Aopa, la construcción de estos edificios puede resultar problemática para los futuros inquilinos del proyecto y los operarios de la terminal aérea de Guaymaral, por su cercanía con la terminal aérea.
Aunque la constructora afirma que ya se cuenta con todas las medidas necesarias, los permisos ambientales y hasta la protección de ruido para las viviendas que se construyan en esta zona, al tratarse de un proyecto que se encuentra a solo 1,5 kilómetros del aeropuerto, la Aopa dijo que sus operaciones también se verían afectadas en caso de que se lleve a cabo este trabajo.
Lo anterior se debe a que las alturas de los edificios podrían estar afectando la operación de los aviones que salgan de esta zona. Frente a esto, Amarilo afirmó que las obras se adelantan conforme a la normativa y que este problema deriva por un desacato que se suele cometer desde el aeropuerto, pues muchos pilotos pasan por encima del predio, algo que está prohibido acorde con los puntos de referencia que debe seguir el aeropuerto.
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Frente al tema, la Aopa solicitó medidas cautelares por parte de la las autoridades para tomar una decisión de cara a la construcción de esta zona urbana, que está dividida en cuatro áreas y que, según le contó la misma compañía al diario económico, cumple con todos los requisitos para llevarse a cabo.
Y es que lo que se puede deducir de esta problemática, tal como le contó Margarita Llorente, vicepresidenta jurídica de Amarilo, al medio citado, es que si ambos actores cumplen con lo exigido, no debería existir riesgo alguno.
La solución del problema radica, entonces, en que la constructora no adelante sus obras sin los controles de ruido y altura correspondientes y que las operaciones del aeropuerto cumplan con sus sobrevuelos sobre predios acordados y no sobre este proyecto de zona urbana que, afirman representantes de Amarilo, no están permitidos.
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