Exactamente, 96 representantes votaron a favor del proyecto de acto legislativo, mientras que solo 10 lo rechazaron.

Esta reforma constitucional “asegura el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado y prohíbe la creación, promoción, organización y financiación de grupos armados”, explica el Ministerio del Interior.

Esta propuesta, relacionada con el proceso de paz, generó un debate político.

Por ejemplo, sectores del uribismo la criticaron y aseguraron que esto serviría para decir que el paramilitarismo era una política estatal. Esto opinó el representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático.

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Por su parte, el prestigioso jurista Rodrigo Uprimny opinó: “La prohibición constitucional del paramilitarismo no nos permitirá superar mágicamente este atroz fenómeno que ha asolado a Colombia. Pero es un paso en la dirección correcta, pues permite dar sólidas bases constitucionales a la formulación de una política robusta para prevenir y sancionar el paramilitarismo y las complicidades que lo han hecho posible”.

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