*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

Como era de esperarse, la histórica decisión de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en Colombia hasta la semana 24 levantó ampolla en diferentes sectores de la sociedad. En solo cinco días ya hay solicitudes de referendo y varias voces que proponen dejar sin efecto el pronunciamiento del alto tribunal.

El propio presidente Duque les dio un impulso a los sectores conservadores al rechazar la decisión y poner en duda la competencia de la Corte en el tema. “Es una decisión que atañe a toda la sociedad y cinco personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida a los seis meses de gestación”, dijo Duque, en referencia a los cinco votos positivos contra cuatro negativos de la despenalización.

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Las declaraciones del mandatario no fueron bien recibidas por algunos juristas y expertos que advirtieron una agresión a la autonomía del poder judicial. Según el investigador Juan Pappier, de Human Rights Watch, Duque desconoce la función del tribunal de guardar la integridad y supremacía de la Constitución de 1991.

“El pronunciamiento del presidente también ignora el proceso de debate público e intervenciones masivas que precedió a la decisión. Ello incluye intervenciones de entidades estatales como la Fiscalía, así como de organizaciones de la sociedad civil y el público en general”, agrega el investigador.

Cabe resaltar que Duque también reclamó la competencia del Congreso en este tipo de debates, lo que generó otra oleada de críticas que le recordaron al mandatario las veces que esa institución se negó a legislar. Al respecto, varios expertos reconocen que el Congreso sí debería tratar esos temas antes que la Corte, pero respaldan la intervención del tribunal.

“El Congreso no está cumpliendo la función que le corresponde dentro del Estado colombiano y entonces le toca actuar a la Corte. Eso no debería pasar en un Estado social de derecho”, le dijo a Diario Criterio José Gregorio Hernández Galindo, jurista y exmagistrado de la Corte Constitucional.

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Glifosato, otro flanco de batalla del Gobierno contra la Corte Constitucional

El pasado jueves 24 de febrero el Gobierno nacional le planteó otra batalla a la Corte. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado radicó ante el tribunal una solicitud de nulidad a la sentencia T-413 de 2021, que frenó la aspersión aérea con glifosato y solicitó realizar consulta previa con las comunidades afectadas por la fumigación.

Con esta decisión el alto tribunal atendió la petición de un grupo de organizaciones sociales y suspendió el uso del glifosato en 104 municipios, de los departamentos de Cauca, Antioquia, Bolívar, Meta, Guaviare, Vichada y Putumayo. Tras la decisión, el presidente Duque aseguró que: “Queremos analizar bien el fallo y entenderlo”.

La reacción de Duque generó controversia y muchos aseguraron que su intención era hacer caso omiso al fallo. “El Gobierno sí puede pedir la nulidad del fallo sobre aspersiones, pero la prosperidad del incidente es extraordinaria. Solo cabe por violación del debido proceso o cambio de jurisprudencia. Entre tanto, las órdenes impartidas deben ser cumplidas”, dijo en su momento Hernández Galindo.

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Finalmente, al argumentar la necesidad de combatir el narcotráfico, el Gobierno presentó una acción de nulidad del fallo. Según Camilo Gómez, director de la Agencia, el narcotráfico afecta la salud y la paz de todos los colombianos, por lo que dicha necesidad no se puede supeditar al derecho de las comunidades a la consulta previa.

Gómez también asegura que la decisión del alto tribunal tiene fallas procesales, pues la Corte no habría presentado pruebas de la afectación directa del glifosato a los 104 municipios mencionados. Además, señala que la Corte ya se había pronunciado sobre el tema de las consultas previas, por lo que podría existir un problema de cosa juzgada.

Para los expertos, la única forma de tumbar la decisión es si se encuentra una violación al debido proceso, mas no por temas de fondo. En este escenario, la ofensiva del Gobierno no tendría respuesta en los próximos meses, pero evidencia la tensión entre ambos poderes.

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Los otros enfrentamientos de Duque con la justicia

No es la primera vez que el gobierno de Duque termina enredado en este tipo de polémicas. Una de las más recientes ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando el presidente sancionó la modificación a la Ley de Garantías a pesar de tener en contra la orden de un juez que frenaba la decisión.

Cabe resaltar que el cambio de esta norma también fue cuestionado por supuestos vicios de trámite. La crítica principal es que, al tratarse de una ley estatutaria, la Ley de Garantías debió ser modificada con un acto legislativo y no mediante un proyecto de ley ordinaria, como finalmente se hizo.

A esto se suma a una aparente violación a la unidad de materia, pues el cambio se tramitó en un proyecto de presupuesto. “Ese principio establece que los proyectos deben tener correspondencia entre el título y su contenido. Con esta norma se busca impedir que en las leyes entren los llamados micos”, le dijo a Diario Criterio Mireya Camacho, doctora en derecho.

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Para varios expertos la modificación de la Ley de Garantías, justificada por el Gobierno con el argumento de la reactivación económica, quedará sin piso jurídico tras las demandas presentadas ante la Corte Constitucional. Lo más probable es que en los próximos meses el alto tribunal declare inconstitucional el cambio y se presente un nuevo encontronazo entre los dos poderes.

Otra de las polémicas se dio en septiembre de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno garantizar el derecho a la protesta. El tribunal condenó los abusos de la fuerza pública contra los manifestantes e instó al Gobierno a pedir perdón por la violenta represión a las movilizaciones de 2019. Esta sentencia fue la misma que prohibió el uso de la escopeta calibre 12, arma que produjo la muerte del joven Dilan Cruz en 2019.

Abuso policial en las protestas en Colombia. Foto: AFP
Abuso policial en las protestas en Colombia. Foto: AFP

A pesar de esto, el Gobierno no reconoció las acusaciones y apeló el fallo. El entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien tenía un plazo de 48 horas para presentar disculpas por el abuso policial, dijo que los excesos eran actuaciones individuales y defendió la actuación del Esmad.

Varios sectores cuestionaron la respuesta del ejecutivo y aseguraron que, si bien podía solicitar una revisión del fallo, debía cumplir lo dispuesto por la Corte. “Si el Gobierno no acata el fallo rompe el Estado de derecho, que está fundado en el respeto de las decisiones judiciales y de la independencia judicial”, dijo en su momento el jurista Rodrigo Uprimny.

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Cabe recordar que el presidente Iván Duque ya tiene algunos procesos de desacato en su contra por este tipo de polémicas. Por ejemplo, en octubre de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió uno de estos procesos ante el supuesto incumplimiento del mandatario de frenar las actividades de una brigada militar estadounidense en Colombia.

Para los opositores de Duque, esta larga lista de enfrentamientos con la justicia evidencia un irrespeto del Gobierno al equilibrio de poderes en el país. Sobre el tema, el Ministerio de Justicia señala que: “La rama judicial cuenta con independencia en sus decisiones frente a las otras ramas del poder público, es decir, frente a la rama ejecutiva y la rama legislativa”.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura explica que “existe la necesidad permanente de respeto a las decisiones judiciales, en particular por las autoridades. La observancia de la independencia y autonomía judiciales implica abstenerse de influir sobre las decisiones judiciales o ejercer presión sobre los jueces”.

La despenalización del aborto y la aspersión aérea con glifosato parecen ser los nuevos asaltos de un combate entre el Gobierno y la justicia que polariza y afecta la institucionalidad. Este choque de trenes podría extenderse por varios meses y desde ya promete llegar a la contienda electoral.

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Lea El Articulo original en : La arremetida del Gobierno contra la Corte Constitucional y la justicia

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