Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Oct 19, 2026 - 8:30 pm
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El pasado 18 de octubre, la abogada Yessika Hoyos Morales recibió a la 1:05 de la tarde un mensaje amenazante en su teléfono: “Si William pisa cárcel.ustedes (sic) Candelaria.Malena y Juan David compren los cajones (quédense quietos) les tenemos seguimiento”. La amenaza también fue enviada a Candelaria Barrios Acosta y mencionaba a otros dos miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Sucre: Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro. De acuerdo con lo informado por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), al que pertenece Hoyos, el mensaje está directamente relacionado con la condena dictada contra William Martínez Santamaría, quien fue exdirector de Comfasucre.

El Tribunal Superior de Sincelejo sentenció en septiembre a Martínez Santamaría a 27 años de prisión, considerándolo determinador en los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado. La abogada Hoyos representa a las víctimas de este caso, mientras que el Movice Sucre ha respaldado a la familia en su búsqueda de justicia, según información del Cajar. Inicialmente, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos había absuelto a los procesados, pero tras la apelación de la Fiscalía y de Hoyos, el Tribunal cambió la decisión, condenando también a Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea como autores materiales, según la información divulgada por el Cajar.

La masacre ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, en Sucre, mientras los tres hermanos realizaban labores en el predio El Trébol. El colectivo de abogados informó que el crimen fue precedido por una prolongada disputa por la tierra, con antecedentes de amenazas y agresiones a la familia, denuncias que no evitaron el asesinato. Un mes después de la condena, las amenazas a Hoyos y Barrios mencionan expresamente a personas y las vinculan con el proceso judicial, lo que evidencia un seguimiento directo, advirtió el Cajar en un comunicado emitido el 19 de octubre.

El Cajar solicitó a la Presidencia, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las autoridades locales que se activen rutas de prevención y se convoquen con urgencia instancias territoriales de garantías. Además, pidieron a la Fiscalía investigar de manera diligente la autoría de las amenazas y exigieron que el Gobierno reconozca públicamente la labor de los defensores de derechos humanos, evite su estigmatización y comunique sobre los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana.

La organización también instó a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a entidades internacionales a acompañar a las víctimas y vigilar la respuesta estatal. Finalmente, el Cajar reafirmó su compromiso: “Seguiremos acompañando a la familia de los hermanos Escobar Mercado hasta que la justicia sea plena”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué amenazaron a Yessika Hoyos y otros miembros de Movice Sucre?

Según información publicada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), las amenazas enviadas a Yessika Hoyos Morales y otros integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Sucre, están relacionadas con la reciente condena a William Martínez Santamaría por su participación en la masacre de los hermanos Escobar Mercado. Las amenazas buscan intimidar a quienes han representado y acompañado a las víctimas en este proceso judicial.

¿Cuál fue el contexto de la masacre de los hermanos Escobar Mercado en Sucre?

De acuerdo con los datos del Cajar, la masacre de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, en Sucre, en medio de una disputa por la tierra en el predio El Trébol. La familia había sido objeto de amenazas, agresiones y desalojos previamente, pese a las denuncias ante las autoridades, pero estos hechos no fueron prevenidos.


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