Así lo indica el movimiento Causa Justa en el balance de los primeros 100 días del fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24. La búsqueda de información y asesorías para acceder al servicio ha aumentado, pero persisten las barreras.
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A partir de los datos proporcionados por la Mesa por la Vida y Oriéntame, Causa Justa determinó que la mayoría de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se han llevado a cabo en las primeras semanas de gestación.
La Mesa ha asesorado en total 76 mujeres, incluidas algunas niñas. Treinta de ellas acudieron a esta organización en las primeras doce semanas (39,4 por ciento de los casos), 16 lo hicieron entre la semana 13 y 20 (21 por ciento), 11 entre la semana 21 y 24 (14,4 por ciento) y 19 en las semanas siguientes (25 por ciento).
“La mayoría de personas acceden antes de la semana 24. Algunas llegan tarde porque se encuentran con barreras de acceso. Ese es el problema. La implementación de una política integral de acceso temprano a la IVE lo resolvería. Generalmente, las que necesitan más protección son las que encuentran más barreras. Hablamos de niñas que no saben que están embarazadas, de mujeres migrantes irregulares y de víctimas de violencia sexual”, dijo a Diario Criterio María Mercedes Vivas, directora de Oriéntame.
Estos datos van en conformidad con la experiencia de otros países, que fue tenida por el movimiento Causa Justa a la hora de presentar la demanda que despenalizó el aborto de manera parcial. Uno de los ejemplos considerados fue el de Canadá, país en el que es legal, gratuito y no tiene límite de tiempo. De acuerdo con la información del sistema de salud canadiense, la mayoría de interrupciones ocurren en las primeras doce semanas.
También aumentó el número de mujeres que acuden por información y asesoría para acceder a su derecho. Del 22 de febrero al 31 de mayo de 2021, la Mesa atendió a 50 mujeres. Es decir, este año hubo 26 casos más, lo que corresponde a un incremento del 52 por ciento.
Balance de los 100 días de la Sentencia Causa Justa https://t.co/71xCW9QqO3
— Causa Justa por el Aborto (@causajustaco) July 7, 2022
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Las migrantes, las que más acceden a la IVE
Del total de mujeres atendidas, 23 fueron migrantes (30,2 por ciento), 12 menores de edad (15 por ciento) y tres indígenas (5,2 por ciento).
Las mujeres migrantes en situación de irregularidad son una población que presenta grandes barreras de acceso a los servicios de salud en general, por lo que las posibilidades que tienen de prevenir su embarazo son cortas o nulas.
“Ellas no pueden acceder a servicios de anticoncepción. Finalmente, terminan siendo un número bastante alto y también llegan en estados avanzados de gestación”, explicó Vivas.
Las barreras que persisten para acceder al aborto
En 2006, Colombia despenalizó el aborto bajo tres causales: cuando hay malformación del feto, cuando la vida o la salud de la mujer se encuentran en riesgo o cuando es fruto de violación o un incesto. Durante 15 años, las mujeres que cumplían esos requisitos manifestaron encontrar obstáculos para acceder al servicio.
Con la despenalización hasta semana 24, las organizaciones esperaban que disminuyeran las barreas, aunque tenían claro que se trataba de una labor que tomaría tiempo. Así lo demostró el informe, pues muchas siguen presentes.
“Las barreras encontradas pueden seguirse clasificando en las categorías propuestas por La Mesa desde el 2017: desconocimiento del marco legal vigente, interpretación restrictiva del mismo y fallas en la prestación del servicio”, dice el documento.
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Para Vivas, una de las barreras que más ha afectado el acceso es la desinformación que han reproducido los grupos que buscan cerrarle la puerta al derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo.
“Acciones como presentar un referendo o decir que la decisión se va a caer terminan generando una información falsa que confunde a las mujeres que están buscando este servicio”, aseguró.
Así mismo, los vacíos en la prestación del servicio han demostrado que Colombia no estaba lista para implementar de forma inmediata la sentencia, a pesar de que desde 2006 se ordenó desarrollar la infraestructura y los protocolos necesarios.
“En este momento nos estamos dando cuenta de que la sentencia de 2006 no estaba implementada. El hecho de que hasta ahora se estén haciendo rutas, de que hasta ahora se estén adoptando protocolos, demuestra que no se había avanzado, a pesar de que se dijo lo contrario”, dijo Vivas.
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